Activista mexicano podría ser asesinado en Honduras

Gustavo Castro Soto, activista mexicano, resultó herido el pasado 3 de marzo, cuando fue asesinada en Honduras la activista medioambiental Berta Cáceres.

Gustavo Castro Soto, integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), resultó herido el pasado 3 de marzo, cuando fue asesinada en Honduras la activista medioambiental Berta Cáceres. Por este motivo, Castro se convirtió en una pieza clave en las investigaciones sobre el asesinato de Cáceres.

Debido a la lucha política en la que participa Castro, su vida corre peligro. A tal grado, que las organizaciones que cubren sus actividades han solicitado directamente al gobierno de Honduras lo siguiente:

su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño. Requerimos proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata a nuestro compañero Gustavo Castro para que, una vez que haya brindado su declaración ante el Estado Hondureño, pueda regresar sin contratiempos a México. (vía Otros Mundos).

Cuando el pasado domingo 5 de marzo Castro intentó tomar un avión de Honduras a México, autoridades de aquel país se lo impidieron y le ordenaron permanecer treinta días en el país centroamericano, debido a su implicación en el asesinato de Cáceres. A pesar de que el activista se encuentra en toda la disposición de ayudar a esclarecer las circunstancias de la muerte de su compañera, su situación es profundamente vulnerable.

Por el momento, Castro está refugiado en la Casa México en Tegucigalpa, capital de Honduras, siempre acompañado del cónsul Pedro Barragán. En próximos días se espera que el mexicano pueda regresar a nuestro país y colaborar desde aquí en el esclarecimiento de los hechos, cuestión contemplada por acuerdos diplomáticos entre México y Honduras. Sin embargo, pese a las diligencias realizadas, aún no hay respuesta formal y escrita por parte del gobierno hondureño.