Delegación Benito Juárez presenta denuncia ante PGJ contra dos inmobiliarias

Actualización 27 de septiembre: El día de ayer, el titular de la delegación Benito Juárez, Christian von Roehrich, presentó una denuncia penal contra las dos constructoras responsables de los edificios derrumbados en Zapata 56, colonia Portales, y Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzco.

Después del peritaje correspondiente, las autoridades delegacionales denunciaron a las constructoras Canada Building Systems y Dijon SAPI, por los delitos de daño en propiedad, falsedad ante la autoridad, homicidio, lesiones y responsabilidad de los Directores Responsables de Obra (DRO) o corresponsables.

Dos personas murieron en Zapata 56 y una en Bretaña 90, se hicieron cambios en la construcción que no fueron informadas a la autoridad, incluso, de acuerdo a von Roehrich, se ampliaron pisos sin un permiso de construcción, así, “por la libre”.

Ésta es la primera denuncia penal que se ha realizado contra las constructoras y quienes resulten responsables. ¿Conforme avancen los días y sean evidentes los daños se irán incrementando o seguirá reinando la impunidad de los cárteles de las inmobiliarias?

Con información de El Universal

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Los llamados cisnes negros, es decir, los sucesos improbables que se vuelven probables, de cierta forma ponen a prueba las debilidades y fortalezas de un sistema en particular. En el caso de nuestro país y nuestra ciudad, un hecho poco probable como el sismo del pasado martes, que además azarosamente sucedió exactamente 32 años después del terremoto del 85, si bien ha mostrado una mayor eficiencia y fortaleza institucional, también puso en evidencia un lastre que arrastramos desde mucho antes del terremoto de los años 80: la corrupción.

El sismo sacó a colación la corrupción que ha operado por años en un sin fin de proyectos de construcción públicos y privados en CDMX, dichas prácticas, que derivan en construcciones irregulares que no cumplen con los mínimos estándares establecidos por la ley,  aumentan considerablemente la probabilidad de que ante un evento como el que vivimos el pasado martes, la población corra mucho más riesgos, en el sentido de que las potenciales víctimas de un evento como este sean mucho mayores. Lo que queremos decir es que las consecuencias que tiene la corrupción en este tipo de casos puede resultar en pérdidas humanas.

Después del sismo de 1985 las leyes de construcción en CDMX cambiaron y se volvieron mucho más estrictas, sin embargo, la corrupción en muchas ocasiones ha vuelto esas regulaciones letra muerta. Solo este año se detectaron más de 200 irregularidades en obras públicas y más de 100 en obras privadas. La mayoría de las irregularidades en proyectos privados tienen que ver con el rebase de número de pisos permitidos y con el uso de materiales no adecuados para la zona.

Este año, el gobierno de CDMX demolió 66 pisos ilegales en 32 construcciones debido a que no cumplían con la reglamentación para uso de suelo y construcciones, la mayoría de ellos en las delegaciones: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. La pregunta aquí es ¿quién fue la autoridad responsable de aprobar esos proyectos de construcción? ¿el delegado? ¿otros funcionarios? ¿ambos? lo que queda claro es que hay actos de corrupción entre las constructoras y las autoridades debido a que en todo proyecto de construcción se deben presentar los requerimientos correspondientes, entre ellos la presentación del proyecto en su totalidad. (Vía: Reforma)

Solo en la delegación Benito Juárez, se han suspendido 80 obras, de las cuales el 35% han sido clausuradas y demolidas por no cumplir con la reglamentación. Otro ejemplo ha sido la delegación Álvaro Obregón, la cual ha crecido exponencialmente en proyectos inmobiliarios, lo cual ha traído un aumento desproporcionado de la población, la cual ha crecido en 100 mil habitantes en un lapso de 25 años. (Vía: El Economista)

Respecto a los proyectos de obra pública, la Contraloría General de CDMX ha encontrado irregularidades en obras como los nuevos inmuebles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en donde se detectaron partes de la construcción defectuosas y otras que no cumplen con los mínimos indispensables que estipula la ley. Esto ha resultado en multas que ascienden a 168 millones de pesos y a la inhabilitación de varios funcionarios del gobierno capitalino.

La contraloría también encontró irregularidades en obras en 7 Ministerios Públicos, 22 centros de salud, en algunas partes del alcantarillado y en la red de distribución de agua potable. Lo mismo sucedió con la línea 12 del metro capitalino y con partes de las líneas 1,2,4 y 5 del metrobús. (Vía: Milenio)

Como podemos ver, la corrupción al final deriva en un aumento del riesgo para la población ante un evento contingente, para decirlo de otra forma, la corrupción también mata. Si bien los daños en la ciudad han sido relativamente bajos, en un futuro podrían aumentar sino se hace cumplir la ley de manera irrestricta y, por supuesto si no se combate la corrupción.

La pregunta es: ¿Cuántas personas viven, trabajan o estudian en inmuebles que no cumplen con la reglamentación? ¿cuántas personas están en riesgo por la corrupción? Esperemos que esto no sea revelado por otro cisne negro.