Estados simulan autonomía de fiscalías, pero siguen dependiendo de gobernadores

Una investigación del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), reveló que en la mayoría de los estados no se ha hecho formalmente la transición entre las procuradurías y las fiscalías, tal y como lo ordena el nuevo sistema de justicia penal.

Esto quiere decir que, a pesar de que las dependencias de procuración de justicia hayan cambiado de nombre a fiscalías, en los hechos siguen operando como procuradurías, en donde dependen directamente del ejecutivo estatal, tanto en términos operativos como de presupuesto.

El estudio determinó que 15 de las 32 dependencias estatales no han hecho la transición al modelo acusatorio adversarial. Sin embargo, hay otras que a pesar de haber hecho la transición, las fiscalías no operan con plena autonomía, tal como sucede en Chihuahua, Morelos, Jalisco, Durango, Campeche y Yucatán.

Lo que observa la investigación es que a nivel estatal se ha implementado un modelo de autonomía relativa, es decir, cuenta con autonomía técnica y de gestión, pero, en términos políticos y financieros sigue subordinada al gobernador del estado.

Respecto a la eficiencia en la procuración de justicia, el CIDAC encontró que la transición no ha traído consigo cambios significativos en esa materia. De hecho, ponen el ejemplo del caso del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien es investigado por la fiscalía por enriquecimiento ilícito, pero el fiscal, Jorge Winckler Ortiz opera como el abogado del gobernador.

Lo mismo sucede con los procedimientos y protocolos que esas instituciones deben seguir, con todo y la reforma en el sistema penal no cambió en lo más mínimo la desconfianza de la ciudadanía hacia esas instituciones, tampoco se transformaron las formas operativas, ya que los elementos de la dependencia siguen sin conocer las leyes, violando derechos humanos y alterando las escenas del crimen.

Las recomendaciones hacia los gobiernos en relación a estos problemas son: fortalecer la autonomía de las fiscalías, desburocratizar los procedimientos, darle independencia técnica al Ministerio Público, transitar hacia funciones de investigación criminal. (Vía: Reforma)

 

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