En Filipinas, la guerra contra los usuarios y vendedores de drogas ha dejado más de 7 mil muertos. Hoy, ante los intentos de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigarla, el presidente Rodrigo Duterte anunció que su país retira su ratificación del Estatuto de Roma y deja el tribunal “con efecto inmediato”.
Desde que fue elegido en 2016, Duterte ha ordenado matar a presuntos narcotraficantes. Miles de jóvenes acusados de usar o vender drogas han sido asesinados por la policía o por justicieros.
En abril del año pasado, el abogado Jude Josue Sabio acusó a Duterte ante la Corte Penal Internacional de La Haya de ser el “autor intelectual” de una campaña que ha terminado con la vida de miles de filipinos, sobre todo en los distritos más pobres, durante los 22 años que fue alcalde de Davao y como presidente desde junio de 2016 con su campaña contra las drogas. (Vía: The New York Times)
En un documento difundido por la prensa de Manila, Duterte declaró que la CPI intenta imponer su jurisdicción “en violación del debido proceso y la presunción de inocencia“. Además señaló a funcionarios de la ONU como los autores de “ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes contra mi persona y mi administración”. Después de la acusación de Sabio, por crímenes contra la humanidad y asesinatos en masa, Duterte amenazó, varias veces, con retirarse del CPI. (Vía: Reforma)
Filipinas: La desacertada retirada de Duterte de la CPI, demasiado tardía para detener las ruedas de la justicia
— amnistia . org ? (@amnistia) March 14, 2018
"La retirada anunciada por Duterte llega demasiado tarde para detener el examen preliminar de la CPI" @JamesGomezSG #14Mar https://t.co/GkzJMdrsDW pic.twitter.com/zyVZM2s8r9
El presidente ha argumentado que la intención del organismo de someter a juicio la guerra antidroga viola la soberanía del país y que la investigación corresponde a tribunales locales.
La guerra promovida por Duterte ha causado cerca de 4 mil muertes en redadas policiales y supera las 7 mil en ataques perpetrados por civiles. Además, las cárceles de ese país están llenas: más de 727 mil 600 consumidores de drogas y 56 mil 500 habitantes se han rendido. (Vía: The New York Times)