PGR revive denuncia contra Trump por fraude en Baja California

En 2006, el entonces magnate inmobiliario Donald Trump compró terrenos en la playa de Tijuana, Baja California, con la intención de construir departamentos de lujo. Antes de comenzar con las obras, el ahora presidente vendió el proyecto, pero ninguna de esas ganancias fueron reportadas a las autoridades fiscales de México. (Vía: Milenio)

Por estos hechos, Jaime Martínez Veloz, ex comisionado para el Diálogo con los Pueblo Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), levantó en octubre de 2016 una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Trump por defraudación fiscal y violaciones a las leyes migratorias y de inversión extranjera en México.

La PGR reabrió la indagatoria por el caso de Martínez Veloz. Tras una convocatoria el 26 de marzo, el ex comisionado comparecerá ante la Procuraduría para presentar nuevas evidencias sobre el caso. Sin embargo, ignora si la denuncia que hizo en 2016 sí procedió, si existe una investigación formal o si simplemente fue convocado para recibir la notificación de que su acusación es improcedente.

Cuando Martínez Veloz denunció, todavía era la campaña electoral del magnate contra la demócrata Hillary Clinton.

Martínez Veloz, ya como ciudadano, señaló que actuó contra el mandatario estadounidense debido a los continuos insultos contra el pueblo mexicano. Recordarán la icónica frase de Trump señalando que de México se mandan a los asesinos y violadores hacia los Estados Unidos.

El desarrollo inmobiliario en cuestión no rindió frutos y nunca se terminó. Hubo juicios en Estados Unidos, pero los inversionistas quedaron frustrados.

Ahora, Martínez Veloz anticipó que presentará cuatro documentos más para ampliar la denuncia, la cual ya había sido nutrida en 2017. Una de las piezas sería la prueba de que en 2006 Trump adquirió las propiedades en Tijuana sin tener un fideicomiso registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Solicité información sobre si Trump, Ivanka Trump o Irongate, que es la empresa que iba a construir el desarrollo inmobiliario, habían tramitado un permiso para constituir un fideicomiso, que es la única forma que pudiera haber para que se pudieran vender terrenos”, dijo a Milenio.

El ex comisionado agregó que un fideicomiso es el único modo en el que se hubieran podido vender los terrenos, pues están dentro de los 100 kilómetros de la frontera que no se ofertan a extranjeros y 50 kilómetros de playa.

Otro de los documentos que evidencian las irregularidades de la compra sería una nota periodística de 2006, donde se da luz a ventas que hizo Trump de ese complejo por 122 millones de dólares, por los cuales no hubo pago de impuestos.