Es innegable que el virtual gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará retomar la rectoría del Estado en la economía, de hecho ha hablado de que la política económica de su gobierno será una readaptación del desarrollo estabilizador.
Este modelo operó en nuestro país de los años 50 hasta 1982, hasta que, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se dio un viraje hacia un esquema económico de mercado, mejor conocido como “neoliberalismo”.
No es complicado observar esa tendencia en el programa de López Obrador, solo pensemos en políticas como el control de precios de combustibles, los precios de garantía en el campo o la construcción de refinerías con dinero público. AMLO busca darle al gobierno un papel más activo en la economía, ya que concibe que este puede ser motor de desarrollo y, por supuesto, habría que aceptar de manera muy general y, con algunas reservas que daremos a conocer más adelante, que de alguna forma lo es.
La propuesta de descentralización del gobierno federal va en ese sentido, ya que presupone que llevando dependencias del gobierno federal a otras entidades se impulsará el desarrollo económico y se cerrarán las brechas regionales que existen en nuestro país.
“¿Qué se quiere con la descentralización y otros proyectos? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo; no es justo, ni recomendable, que la inversión pública o privada se concentre solo en algunas regiones del país, y se quiere que haya inversión en todo el país, por eso la descentralización del gobierno“, señaló López Obrador el año pasado en un video en donde explicaba la propuesta.
Es decir, López Obrador sostiene que el hecho mismo de llevar las dependencias federales fuera de la capital deriva en desarrollo económico regional. Sin embargo, el tema no es tan simple, pues implica una fuerte inversión, una minuciosa planificación logística, administrativa, de recursos humanos y financiera, así como, por supuesto, un análisis económico, social y de infraestructura en el caso de las ciudades y regiones receptoras.
El proyecto de descentralización de AMLO busca reconfigurar las dependencias federales de la siguiente manera: Secretaría de Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí se va; Secretaría de Cultura a Tlaxcala; Secretaría de la Función Pública a Querétaro; Secretaría del Trabajo para León, Guanajuato; Secretaría de Desarrollo Urbano a Pachuca, Hidalgo; Secretaría de Educación Pública a Puebla; Secretaría de Salud a Chilpancingo, Guerrero; Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; Secretaría de Ganadería a Jalisco; Secretaría de Energía, Tabasco; Secretaría de Economía a Monterrey, Nuevo León; Sedesol a Oaxaca y SAGARPA a Durango.
Asimismo busca mudar Pemex a Ciudad del Cármen, Campeche; Comisión Federal de Electricidad a Chiapas; CONAGUA a Veracruz; el IMSS a Morelia, Michoacán y, el ISSSTE a Colima. (Vía: El Universal)
¿Cómo ha salido esto antes?
El único referente que tenemos de descentralización de una institución pública es el del INEGI, el cual se mudó a la ciudad de Aguascalientes en 2015. Por cierto, el proyecto resultó ser muy exitoso, pero, tardó alrededor de 4 años en planificarse y gestionarse.
Dicha institución se volvió el segundo empleador del estado, solo después de las armadoras automotrices. El estado invirtió desde mucho antes de la mudanza en vivienda, infraestructura, servicios, educación y transporte público, por lo que los 15 mil 400 trabajadores de la dependencia no tuvieron problemas para ubicarse en su nueva residencia. (Vía: El Financiero)
La propuesta de descentralización de AMLO no ha sido detallada, es decir, no se ha aclarado si solo se mudará el personal de los edificios sede, si será el sector central o si incluirá incluso a los órganos desconcentrados que tiene cada secretaría. Por ejemplo, la Secretaría de Economía tiene 2 inmuebles en CDMX.
Hasta el momento se anunció que tanto la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría de Energía empezarán a despachar en Puebla y Tabasco respectivamente a partir del primero de diciembre, lo cual arroja señales negativas ya que estarían mudando dos secretarías clave sin ningún tipo de respaldo. Esto podría tener consecuencias políticas, sociales, económicas y laborales graves debido a que no hubo ningún tipo de planificación o estudio que validara la factibilidad de dichas acciones. (Vía: El Financiero)
¿Será un acierto o un error para la economía local?
¿A cuantas personas afectarían estas medidas? Según cálculos realizados por el diario Reforma, a unas 400 mil personas. Para este cálculo tomaron en cuenta solo a los trabajadores de las oficinas centrales de las secretarías, que equivalen a 103 mil. A cada una de estas las situaron en una familia de 4 personas, que es el promedio de integrantes contabilizado por el INEGI.
Esto resulta en la movilización de 416 mil personas (o 103 mil funcionarios y sus familias) que tendrían que optar por: mudarse de ciudad, establecer relación a distancia, que un miembro de la familia renuncie a su empleo, seguir pagando un crédito hipotecario en un inmueble que no van a habitar, entre otros muchos factores particulares.
Aún si esta medida fuera óptima para una economía local, sin duda costaría más que un divorcio o una bancarrota. Aunque, hay que admitirlo, toda gran decisión gubernamental acarrea consecuencias no deseadas y afectados, desde el puesto que tortas que se quedará sin clientes o la separación de una familia.
¿Cuánto costaría mover las secretarías y cuánto tiempo tardaría la descentralización? Según el Proyecto de Nación 2018-2024, el costo total estimado de esta medida será de poco más de 127 mil millones de pesos y tardará alrededor de 6 años, es decir, se erogarán por año casi 23 mil millones de pesos.
Han dicho que estos recursos serán para realizar planes, estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos; asimismo buscarán que el programa sea cofinanciado por la iniciativa privada a través de Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces (Fibras). Suponiendo que se trata de una inversión mixta, ¿de cuánto se proyecta que sea la ganancia? (Vía: Reforma)
¿Hay consecuencias económicas no previstas en este plan? Analistas de la consultora Marcos & Asociados señalaron que hay ciertos problemas en los casos particulares de la Secretaría de Energía, que se iría a Tabasco y de Pemex que se mudaría a Campeche, debido a que observaron, por una parte, que bajaría la productividad de las dependencias por los problemas logísticos que implicaría para las empresas y otras dependencias gubernamentales estar viajando de un lado a otro para hacer un trámite.
Por otro lado, si la mudanza se da sin planificación, veríamos presiones inflacionarias en esas zonas en bienes raíces, así como en bienes y servicios, debido al aumento de la demanda con respecto a la oferta de estos. Por tanto, es imprescindible que antes de los movimientos, haya un proyecto de desarrollo económico y de infraestructura integral que permita equilibrar la oferta con la demanda y así evitar el riesgo de que se dispare la inflación en esas zonas. (Vía: El Financiero)
¿Es la mejor idea?
¿Estas descentralización volverá más eficientes a las dependencias? No necesariamente, ya que la propuesta no plantea en ningún momento una transformación en las estructuras de administración pública, simplemente se ha planteado una descentralización geográfica enfocada en la economía, es decir, los trámites de la SEP probablemente serán igual de engorrosos aquí o en Puebla.
Este plan en ningún momento ha propuesto volver más eficiente la administración pública, de hecho, parece ser que reducirá su eficiencia, ya que los mexicanos tendríamos que ir de un lugar a otro a hacer trámites del ámbito federal.
¿Este plan detonará el desarrollo económico? Como hemos podido ver, todo depende de la planificación que se realice para este programa, ya que hay riesgos de que la descentralización tenga consecuencias inflacionarias en las economías locales que no tengan la capacidad y la infraestructura necesaria para recibir a las dependencias y sus trabajadores.
Por otro lado, el hecho de descentralizar el gobierno no necesariamente deriva en el desarrollo económico de una región. De hecho, el crecimiento se podría dar sin la necesidad de llevar una secretaría, ¿cómo? Con inversión pública estratégica (autopistas, puertos, puentes, escuelas, hospitales) y facilitando la generación de inversiones privadas, que son en realidad las que sostienen la actividad económica.
Según datos de la organización México ¿Cómo vamos? La proporción de inversión pública y privada en el primer trimestre de este año fue equivalente a: 3.1% del PIB del sector público frente al 19% del sector privado respecto al PIB. Ojo: esto no quiere decir que no sea necesario aumentar la inversión pública, pero, para eso no hay necesidad de realizar esfuerzos titánicos para mover el aparato burocrático.
Esta propuesta no acabará con el centralismo, por una razón muy sencilla: el centro de poder político seguirá descansando en la presidencia de la República, es decir, aquí o en Puebla la SEP seguirá dependiendo del ejecutivo; la dispersión territorial no implica mayor autonomía. Asimismo, más allá de las justificaciones económicas, hay que señalar que detrás de la propuesta hay un componente político, ya que se buscaría aumentar la presencia del gobierno federal en los estados, lo cual generaría presiones políticas a algunos gobiernos estatales.
Pedro L. Arana