Diplomacia mexico neutralidad no intervención

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El tema respecto a la neutralidad y la no intervención diplomática volvió a salir a colación después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomara la decisión de no suscribir la declaración del Grupo de Lima contra Nicolás Maduro, en donde no reconocen y acusan de ilegítima su nueva reelección y lo exhortan a no tomar posesión.

El argumento del gobierno de México es que la línea diplomática del país es de “no intervención”, por tanto se abstiene de opinar sobre asuntos internos de otros países.

El Grupo de Lima es una instancia multilateral compuesta por 14 países del continente, cuyo objetivo es darle salida pacífica a la crisis humanitaria, económica, política y económica de Venezuela. El grupo fue conformado en 2017 y sus miembros son México, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía; dicho grupo es avalado por la Unión Europea, Estados Unidos, Jamaica, Granada, Barbados y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Grupo de Lima
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Este principio de no intervención tomada por el gobierno mexicano descansa en la llamada Doctrina Estrada, impulsada por el canciller Genaro Estrada, en 1930 durante el llamado “Maximato“. Este modelo de política exterior estableció la posición de mantener o romper relaciones con otro país sin que ello se tradujera en la aprobación o reprobación de sus gobiernos locales, es decir:

“En casos en los que se produce dentro de un Estado un cambio de gobierno a través de una ruptura del orden constitucional o por un golpe de Estado, el gobierno mexicano no emite un acto de reconocimiento, sino que se concreta a mantener o romper, en su caso las relaciones diplomáticas”, señalan los Lineamientos Constitucionales de la Política Exterior de México.

Asimismo, el gobierno de López Obrador, a través de su canciller, Marcelo Ebrard, ha dicho que esta posición de supuesta neutralidad hacia Nicolás Maduro descansa en el Artículo 89 de la Constitución, fracción X, el cual establece que una de las facultades del Ejecutivo es:

“Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.”

Como podemos ver, ni la Doctrina Estrada (que por cierto, no es más que un modelo de diplomacia entre muchos otros que se han seguido en el país) ni el 89 Constitucional plantean que el principio de no intervención sea neutralidad, tal y como lo está manejando el gobierno de López Obrador.

AMLO no intervención
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Es decir, históricamente y en la práctica, México ha tomado posición respecto a distintas coyunturas internacionales, sin que ello haya implicado un principio de intervención directa o se haya cometido una violación a la soberanía de otro país.

Durante prácticamente todo el siglo XX, México tomó distintas posiciones respecto a distintos procesos como golpes de estado, dictaduras, guerras civiles, asimismo dio reconocimiento diplomático a formas de gobierno distintas a la democracia liberal. Las relaciones con Cuba, la Yugoslavia de Tito y la URSS, son algunos ejemplos de esto.

Por el contrario, México rompió relaciones diplomáticas con la España de Franco, con Chile de Pinochet, se distanció de Argentina y Uruguay durante sus dictaduras; también desconoció la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y apoyó directamente al Frente Sandinista (FSLN) y al Farabundo Martí (FFMLN) en El Salvador. En el conflicto de este último país, México impulsó los acuerdos de paz que culminaron con los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

Respecto al 89 Constitucional, que es el que han utilizado López Obrador y Ebrard para justificar su posición ante Venezuela, parece ser que omiten el final del Artículo. Este plantea el principio normativo de la promoción de los Derechos Humanos en la política exterior.

Venezuela Derechos Humanos
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Recordemos al respecto que distintas organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y ONU-DH han documentado la crisis que vive Venezuela en esa materia.

En ese sentido, no hay contradicción legal alguna en que el aparato diplomático mexicano condene al gobierno de Nicolás Maduro por las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en Venezuela. Tal como señaló Leo Zuckermann en su columna de Excélsior, en este caso la “no intervención” no es neutralidad, sino que significa la legitimación del régimen de Maduro.

“Hablemos claro. Cuando el gobierno de México dice que no intervendrá en asuntos de otros países en realidad sí está interviniendo. Toma una postura a favor del statu quo de lo que está ocurriendo en tal o cual nación. En el caso de Venezuela, invocar el principio de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en materia internacional implica apoyar al gobierno actual de Nicolás Maduro. Ésa es la realidad”, señala Zuckermann al respecto.

¿Entonces, por qué el gobierno de AMLO se niega a firmar la declaratoria de la OEA y el Grupo de Lima contra Nicolás Maduro?

La respuesta puede ser más simple de lo que creemos y parece ser que es: afinidad ideológica –que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que el gobierno mexicano busque convertir al país en Venezuela.

Crisis Venezuela
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No es nuevo que militantes prominentes de Morena hayan mostrado su simpatía por el régimen venezolano. De hecho, Morena, junto con el PT y el PRD, pertenecen al Foro de Sao Paulo, el cual es una organización latinoamericana de partidos de izquierda  en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tiene gran influencia política, por supuesto junto al Partido Comunista Cubano.

Afinidad ideológica no significa cercanía personal o que el gobierno de México busque imitar al de Venezuela. Simplemente quiere decir que el gobierno de AMLO, que se asume de izquierda, se mantiene al margen respecto a otro gobierno de izquierda. ¿Malo o bueno? Eso es irrelevante.

Solo hay que dejar claro que la neutralidad diplomática como tal no existe. Cada gobierno tiene sus propios intereses, sin embargo eso no los exenta de críticas. Por ejemplo, organizaciones como Human Rights Watch ya criticaron esta posición del gobierno mexicano.

La pregunta hipotética que nos hacemos algunos es si la cancillería mexicana tomaría esa actitud de “no intervención” si el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, violara sistemáticamente los derechos humanos de la comunidad LGBT o actuara de forma represiva contra la oposición de izquierda.

Hasta ahora no ha sucedido lo anteriormente mencionado, pero sería un acto de congruencia que en el caso de que suceda no digan nada, escudados bajo este principio de la “no intervención”. Aunque, como en este caso, los grandes perdedores serían los derechos humanos.