La larga y triste historia del matrimonio igualitario en Yucatán

Primero se quiso poner a consulta, se aprobó que llegar al pleno y, finalmente, pasó lo de siempre
Yucatán rechaza reforma para matrimonio igualitario

Luego de una larga discusión en comisiones, un intento de poner a consulta los derechos humanos y, finalmente, una discusión en el Pleno, el congreso de Yucatán rechazó la iniciativa que reformaba la Constitución estatal para iniciar la legalización del matrimonio igualitario.

Hace diez años, cuando en el entonces Distrito Federal se legisló y aprobó el matrimonio igualitario, varios estados de la República comenzaron a revisar sus constituciones locales: en algunas, el matrimonio era “entre hombre y mujer”, otras, como la de Yucatán, era entre “cónyuges”.

Unos meses después, grupos conservadores se movilizaron para que se modificara la Constitución y se “garantizara” el matrimonio “tradicional”… O sea, se puso a nivel constitucional un candado para la futura discusión del matrimonio igualitario.

Desde el 2015, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que cualquier ley que vulnere el derecho de las parejas LGBT+ a casarse son anticonstitucionales. Aún así, el gobierno y el Congreso de Yucatán han rechazado una y otra vez cualquier discusión para legalizar el matrimonio igualitario.

Esta última ocasión, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que modificaría el artículo 94 constitucional (ese candado) y artículo 201 del Código familiar, lo que daría pie a la legalización del matrimonio LGBT.

La iniciativa logró llegar al Pleno pero fue rechazada con 15 votos en contra y 9 a favor. Antes de la votación, “la moneda estaba al aire”, según colectivos y organizaciones pro derechos.

Dentro de los partidos, los diputados no seguían sus propias líneas o la de sus coordinadores de bancada: Morena, por ejemplo, tiene un coordinador sumamente conservador, pero la línea del partido a nivel nacional es pro derechos.

Otra vez, el Congreso yucateco se negó a cumplir con la ley y sigue vulnerando los derechos humanos de sus ciudadanos. ¿Qué puede seguir, luego de tantos intentos desde la sociedad civil para asegurar los derechos de todos?