Una investigación de Associated Press (AP) descubrió que cortes por todos los Estados Unidos están dando en adopción u otorgan la patria potestad temporal a familias estadounidenses de niños separados de sus padres migrantes, deportados a sus países de origen.
Tenemos que hablar de la crisis humanitaria en la frontera con Estados Unidos
A través del caso de Araceli Ramos Bonilla y su hija, Alexa, que huyeron de la violencia que ejercía su esposo contra ellas en su ciudad natal de San Salvador, en noviembre del 2015. AP siguió cada paso del proceso de adopción de Alexa y los más de quince meses que han pasado separadas, luego de la deportación de Araceli a El Salvador.
Sin que sean avisados los padres o los abogados migratorios de la familia, decenas de hijos e hijas separados de sus padres han sido puestos en adopción o “cuidado temporal ” (“foster care”) desde la administración de Barack Obama. Este no es un fenómeno creado durante el gobierno de Donald Trump, pero sí ha sido magnificado por su política de “tolerancia cero” en la frontera sur. (Vía: AP)
Cortes en Missouri, Michigan, Nueva York y California han atendido casos semejantes al de la familia Ramos. Según AP, ONGs y familias estadounidenses han explotado vacíos legales que tienen, luego, que ser revisados por el Departamento de Justicia o cortes superiores, luego de meses de separación.
Plumas Atómicas platicó con Vladimir Tlali Zúñiga, maestrante en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia, quien nos explicó lo complejo de la situación: en Estados Unidos, las leyes de lo familiar, de protección a la infancia y a la mujer son diferentes no sólo entre estados, sino, a veces, entre condados, por lo que cada uno de los casos debe de ser analizado individualmente, lo que es caro y tardado, tal como ocurrió con el caso de Alexa.
Trump usa a niños como rehenes: sus padres sólo los verán si firman una ‘deportación voluntaria’
Si bien esta crisis inició en la administración de Obama, dice Tlali, la política de “Cero tolerancia” de Trump generó las condiciones ideales para esta crisis humanitaria: se criminaliza tanto a los padres como a los hijos y los fuerza a seguir, cada uno, sus procesos de petición de asilo.
En medio de ese proceso, se han reportado decenas de denuncias de que los padres, separados de sus hijos, son forzados a firmar “deportaciones voluntarias” para reunirse pronto con sus hijos en sus países de origen, algo que en muchos casos no ocurre: los padres llegan a sus países pero no así sus hijos. (Vía: Vox)
Gonna put this headline next to the UN's definition of genocide for no reason. pic.twitter.com/y7IT7M8491
— Cody Johnston (@drmistercody) October 10, 2018
Tlali nos dice que, desde la legislación estadounidense, nada se ha hecho ilegalmente: las cortes, las familias estadounidenses e incluso el Departamento de Justicia se han valido de vacíos legales, “lagunas”. Pero, desde el derecho internacional se podría denunciar las acciones del gobierno estadounidense… lamentablemente, Estados Unidos no ha ratificado ninguno de los tratados de Derechos Humanos que permitirían juzgarlos en una corte internacional.
Por otro lado, estos procesos toman mucho tiempo (basta recordar que apenas el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso en el banquillo al Estado mexicano por el caso Atenco) y cuestan mucho dinero, algo que no tienen los padres deportados.
¿Habrá suficiente presión social o de las embajadas centroamericanas para frenar estas acciones?, ¿estarán en el centro de la discusión, como ocurrió en un principio con la separación de familias o será otra apostilla a la enorme lista de violaciones y agresiones en la presidencia de Donald Trump?
