El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que había firmado un memorándum dirigido a los secretarios de Gobernación (Segob), Educación Pública (SEP) y Hacienda (SHCP) en el cual se formaliza la orden para suspender la aplicación de la ley vigente en materia educativa, mientras se intentará llegar a un acuerdo con la disidencia magisterial.
“Estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación y el secretario de Hacienda, para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa” comunicó a través de un vídeo compartido por redes sociales
Memorándum sobre la cancelación de la mal llamada reforma educativa.https://t.co/mMvULdN7yL pic.twitter.com/daUfbqxCkS
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 16, 2019
En el documento, el titular del Ejecutivo Federal afirma que la reforma educativa de la administración anterior no se ha traducido como una mejora en la calidad de la enseñanza y ha impulsado una campaña de desacredito para el magisterio, por lo que se dejará sin efecto mientras el Congreso resuelve la nueva reforma a la constitución en materia educativa.
Inconstitucionalidad
Primeramente, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y MC han señalado en la Cámara de Diputados que el memorándum es inconstitucional, ya que viola la fracción I del artículo 89 constitucional, que obliga al Ejecutivo a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso de la Unión, y rompe con el juramento del mandatario de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. (Vía: La Jornada)
El documento carece de fundamentación legal, en este sentido se viola el Art. 16 constitucional, además de infringir las atribuciones de los Poderes de la Federación, puesto que la abrogación de una reforma únicamente puede ser lograda a través de una iniciativa la cual se resuelve en las ambas Cámaras del Congreso.
El artículo 72 constitucional establece que solo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo “los mismos trámites establecidos para su formación’”.
De acuerdo con López Obrador, sí se enviará al Poder Legislativo, sin embargo la cancelación por decreto del Ejecutivo es inconstitucional y se exceden facultades administrativas.
“Ese memorándum no puede derogar las disposiciones constitucionales” señaló Miguel Ángel Mancera, el coordinador de la bancada senatorial del PRD
“Si quieren un procedimiento derogatorio, lo tiene que someter al al Poder Legislativo, solo así” recalcó
“Se trata de un desafío, de un intento de usurpación del Congreso. Una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibrio entre poderes. La reforma educativa sigue vigente”, definió el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros.
Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente.
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) April 16, 2019
El “secuestro” de la educación pública
El decreto de abrogación puede interpretarse como un secuestro de la educación pública por un grupo perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) según algunos expertos.
Estas afirmaciones se fundamentan a partir del “fracaso de la capacidad política” para negociar con los grupos magisteriales, como señala Alma Maldonado, Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Mientras que La Confederación Patronal de la República Mexicana calificó como “lamentable” la decisión de López Obrador.
“Es lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y con ello, brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población” (Vía: Proceso)