Aprobado dictamen de Ley de Seguridad Interior en comisiones, podría convertirse en ley al terminar el día

Con 18 votos a favor, 13 en contra y menos de dos horas de discusión “pública” a puerta cerrada en comisiones, el Senado de la República aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior (LSI), a pesar de las críticas de múltiples organizaciones nacionales e internacionales.

Con el voto del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y una senadora de Acción Nacional, esta ley que ha sido señalada en múltiples ocasiones como una propuesta para militarizar la seguridad interior en México, pasó en “fast track” por las comisiones de la Cámara Alta y va, en estos momentos, a la Cámara de Diputados para ser aprobada en lo general. (Vía: Aristegui Noticias)

Desde comienzos de este año, los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina insistieron en la urgencia de una ley que “regulara” su actuar como elementos policiacos. Esas solicitudes fueron abrazadas por el PRI y el PVEM, al mismo tiempo que el discurso del presidente Enrique Peña Nieto se apoyaba más y más en las fuerzas armadas.

Desde mediados de marzo, cuando fue presentado el primer borrador de la LSI, distintas organizaciones civiles y de derechos humanos comenzaron a señalar los peligros de la ley: desde la militarización (ahora sí oficializada) de la vida cotidiana en las ciudades “ocupadas”, hasta la omisión completa de las denuncias de violaciones a los derechos humanos de parte del Ejército y la Marina.

La discusión de esta ley iba y venía entre las dos cámaras: los borradores eran retirados casi sin modificaciones para que aparecieran luego, en la otra, con añadiduras, enmiendas y cambios que no mejoraban las cosas. Uno de los puntos más preocupantes fue, siempre, la capacidad que le otorga esta ley a las fuerzas armadas de conducir investigaciones y determinar, por sí misma (sin un marco de limitaciones claro) cuando “deban” intervenir en una protesta civil.

Esta ley, dicen ONGs como el Centro PRO, WOLA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la CNDH y hasta la ONU, no hace más que perpetuar la estrategia fallida de seguridad que se han instalado en el gobierno federal desde el 2006, cuando Felipe Calderón decidió utilizar al ejército y la marina en este tipo de labores.

Esas mismas organizaciones que critican la forma actual de la LSI aceptan que es urgente una ley que regule el actuar de las fuerzas armadas, pero justo a partir de la idea de que su papel dentro de la contención de la violencia es temporal.

Por otro lado (y podría sonar tan ‘teoría de la conspiración’ como usted quiera, querido lector), los tiempos en los que esta ley está siendo aprobada y la celeridad con la que se está forzando su aprobación no dejan de hacer especular a más de uno si el calendario electoral no tiene algo que ver con esto.