“Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer” (Vía: Aristegui Noticias)

El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, hizo casi una confesión a tono personal frente a la plana mayor de su ejército y a los periodistas que siguen sus actividades diarias. Alejado del tono protocolario y sumamente cuidado que lo caracteriza (aún cuando lanza declaraciones que lo confrontan con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la cámara legislativa), lo que dijo en una maquiladora de uniformes de las fuerzas armadas sigue cuadrando dentro de la exigencia de un marco jurídico, sin embargo, tenía un aire de confesión, de comentario extra oficial que se dice con amigos o con cualquiera cuando estamos a nada de ser rebasados por la catástrofe.

Cuando Cienfuegos fue nombrado cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo hacía con seis años de enfrentamientos, de crisis detrás de sí; cuando, en 2012, Enrique Peña Nieto subió a la presidencia de la República y retomó los Pinos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la guerra contra el narcotráfico ya era una problema que logró colarse en la agenda de las campañas políticas: con las promesas de “trabajar en otras formas de enfrentar la crisis de seguridad” y “regresar el ejército a los cuarteles”, la campaña del PRI ganó impulso en un país que no sólo estaba harto de la violencia, sino que comenzó a culpar a Felipe Calderón de impulsarla.

Para 2012, la masacre de San Fernando, la de Villas de Salvárcar, la detonación de granadas en pleno zócalo de Morelia durante el grito del 15 de septiembre y casi cincuenta mil muertos para cuando Calderón dejó la presidencia, dejaron claro que la confrontación directa no había sido una respuesta idónea, que, si bien el Ejército y la Marina habían logrado capturar a varios capos, la desarticulación de los cárteles no había pasado, ni mucho menos la depuración de la policía o su entrenamiento. La “normalidad” que prometió el ejecutivo federal no llegaba, aún cuando cambiaran nombres y partidos en el poder.

En las entregas anteriores, se ha tratado cómo es que la ocupación militar en las ciudades se interioriza en sus habitantes: la violencia se convierte en un valor social que determina la forma como se relacionan con el espacio y sus conciudadanos; la guerra se deja de ver cuando la crisis se normaliza: cuando decapitaciones, colgados, acribillados y enfrentamientos se vuelven “lo cotidiano”. En buena parte del país, la sociedad civil está dividida entre enfrentar esa normalización y aceptarla: la lucha por qué hay que aceptar como “normal” se está dando en el discurso y en las calles, en el fortalecimiento de redes de denuncia, apoyo y resistencia, en cuadrillas que buscan a sus desaparecidos (y encuentran fosas llenas de los desaparecidos de otros), en la exigencia al ejército porque acepte el costo social y político que ha cargado a sus espaldas con cada enfrentamiento, con cada detenido torturado, con cada detención arbitraria.

Hasta ahora, el ejército sigue sin hablar, sin aceptar nada, sin salir de las ciudades, aún cuando su mismo comandante acepte que tendrían que regresar a sus cuarteles (sin que éstos se abran para los civiles, sin que sepamos qué ocurrió, qué se escondió, que, también, no pasó dentro de ellos).

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Esta serie comenzó hace tres semanas, tras darnos cuenta, como equipo de redacción, que iba incrementándose (aparentemente de la nada) las notas en diarios y medios nacionales que hablaban de la “exigencia” de un “marco jurídico” para las fuerzas armadas: desde columnas de opinión hasta reportajes especiales que iban construyendo un sentido de urgencia sobre ese “marco” que “permitiera operar a las fuerzas armadas”. Tras diez años de “guerra contra el narco”, tras las ejecuciones de Tlatlaya, tras la noche de Iguala; después de las decenas de municipios en los que la presencia del ejército es un quiebre constante, después de que ha quedado más que evidenciada la inexistencia de una frontera entre el narcotráfico y el gobierno, esta exigencia también plantea una crisis en la misma forma como el Ejército se piensa a sí mismo, cuál es la función constitucional que realizan en un país en el que sus autoridades civiles han decidido rendirse frente a los cuerpos armados, siguiendo a David Barrios en Ciudades imposibles, legales o ilegales.

Carl Schmitt, uno de los principales ideólogos del régimen nazi, propuso la teoría de un “estado de excepción”, un momento de crisis institucional generalizado en el que, de común acuerdo, la clase política civil acepta que ha sido rebasada y rinde su soberanía al poder militar: las libertades individuales y colectivas son hechas a un lado en pos de recuperar la gobernabilidad. Cuando Felipe Calderón lanzara el ejército a las calles en 2006, abría tácitamente la puerta a un estado de excepción que, por su misma naturaleza, tendría que haber sido contenido en el tiempo y en las leyes: ¿hasta cuándo las fuerzas armadas estarán desempeñando qué funciones sociales y políticas?, ¿ante quién responderán si violan la ley (esa ley será la castrense o la civil)? Lo que pide, hoy, diez años después, el general Cienfuegos, es una aclaración a este estado de excepción continuado, continuo: límites claros que no cancelen la función constitucional (y política) del Ejército dentro de la vida republicana, leyes que no le exijan, tampoco, verse en el espejo y comenzar a cuestionarse (y ser cuestionado) por los crímenes cometidos.

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Lo que en las cámaras del legislativo se está discutiendo no es una ley que limite su actuación y regrese al ejército a los cuarteles, lo que, tanto el senador panista Roberto Gil Zuarth como el líder priísta en el congreso, César Camacho Quiroz, impulsan son dos leyes que regulen el estado actual de excepción: son leyes que normalizan la excepción y la convierten en rutina. Ampliar las funciones del ejército para hacer investigaciones civiles, investigar propiedades civiles y de gobierno, ampliar el número de efectivos en las calles y, tácitamente, declarar la completa rendición de las autoridades civiles frente al “hombre fuerte” armado, importaría ya poco si fuera el ejército o el narcotráfico. En palabras de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prohd):

La pretención de aprobar una ley de seguridad interior a la medida de las Fuerzas Armadas, a fin de dotar de facultades normativas al Ejército y a la Marina para enfrentar a la criminalidad, terminará por fortalecer su papel preponderante en esas tareas, en contra de lo reconocido por el general secretario, pero, sobre todo, dejando de lado que el problema de fondo es el modelo de seguridad y la imperiosa necesidad de reformar democráticamente a las policías de órden civil. […] En un Estado democrático de derecho, regulaciones como la propuesta de ley de seguridad interior deben ser profundamente analizadas y debatidas, pues generan excepciones a los principios básicos que rigen el sistema. Demandar este debate no es expresión de mezquindad con las Fuerzas Armadas ni ingenuidad frente a las atrocidades de la delincuencia; es, lisa y llanamente, defender las bases de nuestra maltrecha democracia. (Vía: El Universal)

Es verdad que urge un marco jurídico diferente; es verdad que los vacíos que la ley ha dejado en su aplicación, y los que han hecho las crisis y la violencia cotidiana de los últimos diez años nos exige a todos replantearnos la función no sólo del ejército, sino de la forma como pensamos la sociedad completa, el Estado y sus “obligaciones principales”. Giorgio Agamben, filósofo italiano, plantea que aquel “estado de excepción” de Schmitt es más un estado constante, no tiene nada de excepción, porque la forma misma como el Estado se ha constituido es a partir de la violencia, de la cancelación de derechos y la reducción de sus ciudadanos a números o a sospechosos que hay que mantener constantemente vigilados. 

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Lo que esta discusión nos ha permitido (y nos ha exigido) es repensar la forma como nos relacionamos con la violencia institucional: el Ejército y las policías, la Marina y las procuradurías, contrario a lo que podría ser la respuesta más “obvia”, no son los mecanismos de violencia: son su representación, son el último peldaño de una escalera sobre la que ha sido fundado históricamente el Estado mexicano. Respuestas a esta violencia “invisible” -porque nosotros no la sufrimos o no la vemos en nuestra vida cotidiana- han sido Cherán, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Teología de la Liberación… Ahora, cuando la violencia nos estalla en la cara, cuando la violencia que por diez años ha ejercido el Ejército sobre la población y le está demostrando el monstruo que es, ¿podríamos seguir viviendo en este, nuestro normal estado de excepción?