En España, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pedirá este viernes que se niegue la libertad bajo fianza al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que hay suficientes pruebas de los delitos que se le imputan a Moreira Valdés, para que el juez Santiago Pedraz Gómez pueda sostener la prisión provisional sin derecho a fianza.
El ex líder nacional del Partido Revolucionario institucional (PRI), es acusado en España de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal. Las investigaciones se centran en varias transferencias bancarias que el exgobernador recibió desde 2013 para estancia en España y que suman alrededor de 200 mil euros (3 millones 936 mil 166 pesos).
Hay que tener en cuenta que si el juez Pedraz Gómez confirma la prisión provisional sin fianza, Moreira Valdés deberá esperar como mínimo un año hasta el inicio del juicio, tiempo que pasará recluido en el Centro Penitenciario Madrid V, la cárcel de Soto del Real. La misma fuente de la fiscalía confirmó que la justicia española seguía el rastro del exgobernador desde el 2015.
En ese año, la policía intentó detenerlo en un hotel en Tenerife; sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar donde el ex líder priísta se hospedó, éste ya se había marchado. Posteriormente, los agentes siguieron sin mucho éxito una pista en la provincia de Salamanca, hasta que el pasado viernes el político fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en la capital española. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de extradición o notificación de cooperación para el intercambio de información con las autoridades mexicanas o estadounidenses.
La misma fuente a su vez, explicó que aunque las investigaciones contra Moreira Valdés iniciaron en EE.UU., los presuntos delitos que actualmente se le imputan serán competencia de la justicia española, sin descartar la colaboración internacional que permita aportar más pruebas.
Por otro lado, Humberto Moreira Valdés contrató al penalista español Manuel Ollé Sesé, profesor de derecho penal internacional de la Universidad Complutense de Madrid, quien trabajó en algún momento con el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real y ha participado como coadyuvante de fiscales que han fincado cargos por delitos de lesa humanidad al dictador chileno Augusto José Ramón Pinochet Ugarte o el argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio, quien fue extraditado de México a España en el 2003.
