Era un día normal y cuatro niños estaban jugando en lecho seco del Río Bravo, del lado de Ciudad Juárez. El juego era simple: cruzar el río corriendo, llegar a la barda que separa al río de Estados Unidos, tocarla y regresar, y habían estado jugando así toda la tarde. Hasta que apareció un agente de la patrulla fronteriza. Los chicos huyeron, menos uno, que fue interceptado por el oficial, logró soltarse y cruzar el río, el oficial desenfundó su arma y disparó en dos ocasiones. Sergio Hernández, de quince años, recibió uno de esos disparos y murió al instante.
Han pasado casi seis años desde lo ocurrido, y los padres de Sergio han pasado por una odisea burocrática, legal y diplomática para exigir justicia por la muerte de su hijo. Han pasado seis años y el caso ha ido saltando de una corte de apelación a otra corte de apelación, de ser rechazada porque “Hernández era un ciudadano mexicano que estaba en territorio mexicano al momento del disparo”, según un juez federal en Texas, de enfrentarse al poder ejecutivo federal estadounidense completo, pues el Departamento de Justicia de la administración Obama solicitó a las cortes que desecharan el caso, pues el agente era inmune de demandas por estar cumpliendo su deber como un oficial de la ley”. (Vía: Los Angeles Times)
En octubre del año pasado, y después de haber agotado cualquier otro recurso legal, el equipo de abogados de los padres logró ganar el “derecho” a que su caso fuera escuchado en la Suprema Corte de los Estados Unidos, pues, según el alegato de los padres, no puede ser posible que la Constitución de los Estados Unidos no sea un limitante para la aplicación de la fuerza contra un niño desarmado, que un oficial de la ley pueda asesinar a un niño que no tiene a más de 20 metros de sí pero que “está en otro país”. El caso fue escuchado por el pleno de la corte, pero quedó “trabado”, como ha ocurrido con decenas de otros por la muerte de Antonin Scalia en febrero de 2016. (Vía: New York Times)
El caso de Sergio no es el único: la Patrulla Fronteriza se ha visto involucrada en la muerte de, por lo menos, otros seis jóvenes, entre ellos el caso de José Antonio Elena Rodríguez, que recibió diez disparos del lado de Nogales, Son., del arma de un oficial del lado estadounidense en 2012. Ése es, quizá, el único caso en el que un miembro de la Patrulla Fronteriza ha sido sentenciado. (Vía: Arizona Republic)
Sergio lleva diez años esperando justicia, junto con otras víctimas más cuyos nombres, aún, no sabemos. La Patrulla Fronteriza es una de las agencias policíacas más grandes de los Estados Unidos y, siguiendo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump a finales de enero de este año, recibirá el triple de su número de agentes. La Patrulla Fronteriza es, también, una de las organizaciones menos transparentes, en parte, gracias a las reformas del Acta Patriótica, creada en la administración de George W. Bush tras los ataques del 11 de septiembre, en pos de la “seguridad nacional”. En medio del proceso judicial de Sergio, uno de los voceros de la institución declaró que una demanda como la que presentan los padres podría significar una fractura de la seguridad nacional, pues los agentes de la Patrulla Fronteriza tendrían “miedo de actuar” frente a quienes “ataquen a los Estados Unidos”. Porque es evidente que un joven de 15 años que huye de la jurisdicción de un oficial es una amenaza latente para la seguridad nacional. (Vía: The Guardian)
Han pasado casi diez años, y, si bien los ocho años de la administración Obama fueron un ataque constante contra los migrantes que cruzaban la frontera, con esta administración, todo límite, toda ley que procure, por lo menos en el papel, limitar la fuerza de reacción de una policía conocida por su brutalidad, podría desaparecer. Hoy, más que nunca, #TodosSomosSergio.
