La Procuraduría Fiscal informó que la subcontratación ilegal podrá ser castigada con 20 años de prisión. Así es el outsourcing ilegal en México se investigará como delincuencia organizada.
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Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO), que la subcontratación u outsorcing ilegal podrá ser castigado hasta con 20 años de prisión.
Esta decisión se basa en los riesgos de precarización laboral que los trabajadores enfrentan cuando son contratados por outsourcing ilegal. En cuanto a esto María Luisa Alcalde definió como subcontratación ilegal lo siguiente:
“Es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus familias, fomentando la competencia desleal entre empresas, y mermando los ingresos públicos para el financiamiento de seguridad social. Se estima que hay cerca de seis mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo un monto de 21 mil millones de pesos anuales”. (Vía: YouTube)
Asimismo, Alcalde explicó que la subcontratación ilegal deriva en diversos riesgos en contra de de los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo el pago de reparto de utilidades, prima vacacional, aguinaldo y liquidación son derechos que menudo los trabajadores no obtienen.
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Miles de trabajadores tampoco tienen la oportunidad de adquirir un crédito para la vivienda y muchos son obligados a terminar sus contratos en las temporadas decembrinas y son recontratados pasados los primeros días de enero. Estas prácticas, según lo dicho por AMLO y Luisa Alcalde, son realizadas para evadir impuestos.
Alcalde mencionó que en México anualmente se evaden cerca de 21 mil millones de pesos que corresponden a cuotas de seguridad social, Infonavit, entre otros.
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Por su parte, Carlos Romero Aranada, puntualizó que según la nueva ley, las empresas que contraten outsourcing ilegal serán investigadas y podrían ser sancionadas con 20 años de cárcel. Según lo reportado durante las visitas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), EL servicio de Administración Tributaria (SAT) Y LA unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se presentarán investigaciones y querellas para constatar que se comete un delito.
“La reforma va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que dan outsourcing ilegal, porque su objeto es no pagar cuotas de seguridad social, Infonavit, entre otros”. (Vía: El Universal)
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También mencionó las posibles consecuencias jurídicas que enfrentarían las empresas que recurran a este tipo de subcontratación ilegal.
“Que quede claro: el que contrate estos servicios corre el riesgo que se inicie una investigación contra él y que pueda ser sancionado hasta con 14 o 20 años de prisión preventiva“. (Vía: El Universal)
Finalmente el fiscal puntualizó que las empresas aún tienen oportunidad de regular su situación fiscal y así evitar acciones penales en su contra.
Con información de: Aristegui Noticias