¿Cómo ha cambiado la narrativa migratoria en el gobierno de AMLO?

Lo que empezó como 'visas humanitarias' se convirtió en cientos de detenidos en centros de migración
¿Se ha convertido México en un muro para migrantes a nivel nacional?

En el primer año del gobierno de López Obrador la narrativa migrante observó cambios radicales. Lo que empezó con la intención de otorgar visas humanitarias se convirtió en la detención de cientos de migrantes centroamericanos.

Como presidente electo, AMLO propuso otorgar visas de trabajo a los migrantes centroamericanos, especialmente a los provenientes del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). En uno de sus eventos en Tamaulipas, en octubre de 2018, declaró:

“A partir del día primero de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos. Quien venga a trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo”. (Vía: El Financiero)

Posteriormente, durante la toma de protesta, AMLO declaró que la migración del país sería “optativa” y no “obligatoria”, para lo cual propuso cortinas de desarrollo a lo largo del territorio nacional.

Sin embargo, en enero de 2019, el programa que entregaba visas humanitarias a migrantes fue cancelado. El, entonces, titular de la INAM, Tonatiuh Guillén López, comentó que en un futuro se le daría continuidad con nuevas modalidades… lo que no ha ocurrido en los siguientes seis meses. Igualmente, se informó que los migrantes serían repatriados ya que podrán solicitar asilo político en las embajadas de su país de origen.

A finales de mayo, Donald Trump aseguró que de no resolverse el conflicto de la migración ilegal a Estados Unidos, este país impondría un arancel de 5% sobre todos los productos mexicanos desde el 10 de junio. Trump también amenazó con aumentar paulatinamente dicho impuesto hasta ver resultados ante el problema de la migración.

Aunque AMLO aseguró que no caería en ninguna provocación, el gobierno mexicano se comprometió a realizar acciones sin precedente para reducir la migración irregular. Entre estas medidas se encuentra el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte.

Entre las amenazas de Trump y las medidas coercitivas que habría de tomar México, renunció el comisionado nacional de migración, Tonatiuh Guillén López, el 14 de junio. Su renuncia llegó como respuesta a los planes de militarización de la frontera; aunque nunca se declaró el verdadero motivo.

Otro de los opositores al despliegue de la Guardia Nacional fue Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados, quien comentó que la Guardia Nacional funciona como un muro para los migrantes de la frontera sur. Dijo también que la GN sirve para combatir delincuentes y no migrantes.

Igualmente, AMLO creó un equipo especial para cumplir con los compromisos acordados con Estados Unidos. El equipo especial se encontraba encabezado por Marcelo Ebrard y contaba con cinco miembros: General Vicente Antonio Hernández, Francisco Garduño, Javier May, Horacio Duarte y Maximiliano Reyes.

Ya para el 17 de junio, se habían desplazado más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, junto con elementos de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Para esa misma fecha, cerca de 800 migrantes centroamericanos fueron detenidos en la frontera sur. (Vía: El País)

Respecto a los niños migrantes, AMLO aseguró que, junto con el DIF, se protegerían sus derechos y que, de ser necesario, “a los niños migrantes se les haría mexicanos”.

También en junio, el Instituto Nacional de Migración implementó 650 plazas para complementar las tareas relacionadas con el registro y el control migratorio. Se crearon cerca de 16 “albergues”, que también funcionan como centros de detención.

De hecho, al momento, los centros de detención en Tapachula, Chiapas, Siglo XXI y la Feria Mesoamericana no sólo se encuentran rebasados en su capacidad, sino que son fuente de enfermedades. La mayoría de los migrantes no conoce su situación legal y accede a la repatriación bajo engaños.

Es decir, mientras que al inicio del mandato se buscó procesar visas “humanitarias” para garantizar el libre tránsito de los centroamericanos hacia Estados Unidos, hoy, miles están detenidos en centros del Instituto Nacional de Migración en los que las condiciones sanitarias (y humanitarias) apenas comienzan a revelarse.

Ignorando la situación real de los migrantes en la zona sur, el presidente comentó en su discurso de celebración a un año de la victoria electoral:

“Hace unos días, superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la ley de la materia, sin violar derechos humanos y rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza, sin usar medidas coercitivas, sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen”.

A 45 días del tratado con Estados Unidos, Marcelo Ebrard aseguró que había reducido el flujo migratorio 36.2%. Finalmente, a finales de julio entró en vigor el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, en el que México se compromete a entregar 90 millones de dólares divididos entre Honduras, El Salvador y Guatemala.

El 1 de agosto, la Casa del Migrante en Saltillo denunció que elementos del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal asesinaron a una persona migrante frente a su hija, durante un tiroteo y persecución. Este no es el primer caso de violencia institucional contra migrantes en Saltillo, apenas el 24 de julio la Guardia Nacional había intentado entrar en la Casa del Migrante. (Vía: Vanguardia)

Apenas en el primer año de mandato, la narrativa migrante cambió drásticamente pues lo que empezó como una bienvenida se convirtió en persecución. Pareciera que los migrantes centroamericanos reciben el mismo trato en México que los migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Nos estamos convirtiendo en un muro nacional?