SEGOB descalificó informe de la CIDH sobre crisis de derechos humanos en México

El gobierno mexicano rechazó el reporte de la CIDH y consideró que su informe no tiene una base metodológica sólida y que las conclusiones no son objetivas.
CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró en su reporte anual sobre México, que en la nación se vive una fuerte crisis de violaciones a los derechos humanos y que existen cifras alarmantes de personas víctimas de desaparición y desaparición forzada.

Subrayó que las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, y enfatizó que es muestra de las “graves deficiencias” de las investigaciones en este tipo de casos, como la “impunidad estructural y casi absoluta” en los graves crímenes que ocurren en el país.

Y es que este martes, la Comisión publicó su reporte “Situación de los Derechos Humanos en México”, resultado de la visita que el organismo realizó del 8 de septiembre al 2 de octubre de 2015. En él se subrayó que bajo el régimen actual no se ofrecieron “cambios sustanciales” en políticas de seguridad, mientras persisten las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como inseguridad de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque el Organismo también reconoció el esfuerzo del Estado mexicano en implementar programas, leyes y reformas en favor de un ambiente de paz y justicia, consideró que las acciones no constituyen una respuesta eficiente ante los problema de delincuencia organizada e impunidad.

“La respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria”, se lee en parte del documento.

De acuerdo con el reporte, el número de personas “no localizadas” al 30 de septiembre de 2015, son 26 mil 798. En agosto de 2014, cifras de la PGR arrojaban 22 mil 322 personas “no localizadas”. La Comisión externó su preocupación por el creciente número de casos de desaparición forzada, delito donde una autoridad se involucra directamente en la desaparición de una persona. Y con respecto al número de homicidios, la Comisión consideró que los más de 94 mil homicidios registrados desde el inicio de la actual administración, deben ser considerados como epidémicos en niveles de violencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En cuanto a la tortura, la Comisión concluyó que es una práctica generalizada que se realiza en las primeras horas de una detención o previo a la presentación del imputado ante un juez. “El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”, consideró el presidente de la Comisión, James Cavallaro.

El Organismo concluyó que:

“En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”.

Por su parte, el gobierno mexicano rechazó el reporte de la Comisión y consideró que su informe no tiene una base metodológica sólida y que las conclusiones no son objetivas.

“En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos”, se lee en el documento oficial.

El gobierno lamentó que el reporte de la Comisión no refleja los esfuerzos que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales.