El periódico español El País, reveló diversos audios en que se exhiben las negociaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con la familia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta cargos por corrupción: “Un pacto para engañar al presidente”.
Las nuevas revelaciones muestran como la Fiscalía aconsejó a los inculpados sobre cómo deberían llevar el proceso contra el exfuncionario de Enrique Peña Nieto (EPN).
Fue este 13 de julio cuando se difundieron nuevos audios que involucran a la FGR y a la familia Lozoya. En una grabación del 2019, el papá del exdirector de Pemex se queja de las instituciones porque según él, se usan para fines propios, abusos y venganzas.
“Da la impresión de un pacto en que engañan al presidente y se protege al expresidente, al exsecretario de Hacienda, Videgaray, y a otros”, reclama Emilio Lozoya Thalmann, padre del acusado.
La investigación exclusiva de El País integró sietes audios. En ellos, y en un texto bastante amplio, se detalla cómo fue el acercamiento de la FGR como la familia Lozoya.
De hecho, se afirma que la Fiscalía grabó llamadas y siguió todos los movimientos del exdirector de Pemex y sus cercanos. Todo, con la intención de acorralarlo.
Se recordó que Lozoya es investigado por el caso Odebrecht. Supuestamente, la empresa brasileña otorgó dinero para la campaña de EPN y compra de votos previo a la aprobación de la Reforma Energética. Además, se suma la compra venta a sobreprecio de Agronitrogenados.
Ante los casos de corrupción, los audios muestran el proceso de la FGR contra la familia del acusado. De hecho, exhibe la negociación sobre la extradición de Alemania a México de la mamá del exdirector de Pemex.
También, revela conversaciones sobre los pasos a seguir en relación a la detención de Gilda Lozoya Austin, hermana del exfuncionario. Finalmente, fragmentos sobre la extradición de Emilio.
En los audios, la familia Lozoya recibe instrucciones de la FGR
Según la investigación, los Lozoya recibieron instrucciones del fiscal Gertz Manero y el subprocurador Juan Ramos. Lo anterior, para evitar la prisión y llevar el proceso en arresto domiciliario.
El asunto es que dichas “asesorías” o instrucciones en el proceso no son legales. De comprobarse la veracidad de los audios, sería un ejercicio ilícito de la función pública.
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