Pese a violaciones de Monsanto, Presidencia pide permitir cultivos transgénicos

En Yucatán se han registrado litigios contra el cultivo de transgénicos desde 2011, año en el que la Secretaría de Agricultura autorizó a la empresa Monsanto liberar esta semilla en 253 mil hectáreas de Yucatán y Campeche, principalmente. Sin embargo, hace más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de suspender los cultivos. Pese a que Monsanto infringió la ley pues, como aquí te contamos, sembró varias hectáreas de soya transgénica en Campeche- que incluso ya está comercializando-, ahora, el poder Ejecutivo federal pidió a la SCJN anular el decreto que prohíbe los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM) en el estado de Yucatán.

De acuerdo con información del diario Reforma, el pasado 13 de diciembre, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, promovió una controversia institucional para solicitar que se invalidara dicho decreto, el cual fue impulsado por el gobernador Rolando Zapata, y que declaraba a Yucatán como “zona libre de cultivos transgénicos”, así como la promoción de los cultivos orgánicos, cuya intención era proteger a los apicultores de Yucatán, que son quienes se han opuesto a los cultivos genéticamente modificados.

En respuesta a la petición de Castillejos, un ministro de la Corte admitió la controversia el pasado 15 de diciembre, aunque se negó a conceder una suspensión para frenar el decreto promovido por Zapata, debido a que con él, el mandatario podría haber invadido atribuciones que competen al Congreso de la Unión, quien se ha encargado desde 2005 de regular en el tema de OGM. Esta aplicación corresponde a dependencias federales.

Desde 2011, los apicultores de la región se han opuesto a los cultivos transgénicos debido a que la siembra de éstos podría afectar la producción de miel, pues las abejas polinizan la flor de soya y, por ello, transportan este polen genéticamente modificado a la miel. El año pasado, se anuló el permiso a Monsanto bajo el argumento de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no había respetado el derecho de consulta previa a las comunidades indígenas. Otro tema de suma importancia para la toma de decisión sobre permitir o no la siembra, es el de si estos cultivos genéticamente modificados son nocivos o no para la salud, sin embargo, en éste casi no se ha abundado. (Vía: Reforma)