El abogado de la causa de los pueblos mayas, Jorge Fernández Mendiburu, y la representante indígena, Leydi Pech de Ich Ek, acusaron que, a pesar de la suspensión declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el último verano se sembraron varias hectáreas de soya transgénica en Campeche, y durante este mes se está recogiendo la cosecha -Monsanto incluso ya está comercializando cerca del 80% de la producción-.

Monsanto reconoció la siembra de soya transgénica en comunidades mayas de Campeche frente a la comunidad internacional, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senaisca), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a pesar de que la SCJN falló a favor de suspender los cultivos allí y en Yucatán hace más de un año. 

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El pasado 5 de diciembre se celebró en Panamá la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evento en el que la titular de la Comisión Internacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Sol Ortiz García, confirmó la siembra; todo esto sucede mientras Enrique Peña Nieto habla de los logros en la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). (Vía: Sin Embargo)

La Senaisca confirmó el pasado lunes que los resultados del Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) arrojó que las 16 muestras que dieron positivo a soya transgénica se encuentran en una superficie de 336 hectáreas, 10 de ellas corresponden a predios ubicados en el municipio Hopelchén, en una superficie de 305 hectáreas, y 6 se encuentran en el municipio de Campeche, ocupando un diámetro de 31 hectáreas. 

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó que los predios ya han sido asegurados e informó que procederá a asignar las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados -que van desde los 500 salarios mínimos, es decir cerca de 36 mil 500 pesos, hasta 30 mil salarios mínimos que equivalen a más de 2 millones de pesos-.

“A pesar de que la razón legal argumentativa, aprobatoria, le da la razón a las comunidades; las autoridades, los sembradores de soya y las empresas –en este caso Monsanto– como se diría vulgarmente, se pasan la sentencia por el arco del triunfo y al final del día se termina sembrando, aunque no en la magnitud que hubiera hecho si existieran permisos”, acusó el representante legal y miembro de la organización Indignación A.C. .(Vía: Sin Embargo)

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