La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, desde el 2008 ha realizado diversos procedimientos administrativos y hasta penales contra la comunidad menonita en los estados de Campeche, Coahuila y Quintana Roo por deforestación y cambio ilegal del uso de suelo.
La comunidad menonita en México, aunque es una minoría (son migrantes, con costumbres religiosas bastante restrictivas y no tienden a socializar mucho), representa un grupo de decisión importante en las zonas donde se ha asentado. Normalmente los imaginamos en el norte del país, luchando por arar el desierto, pero desde hace casi 10 años también están quemando y talando la selva. (Vía: La Jornada)
Afectaciones ambientales de comunidades menonitas en #Coahuila, #Campeche #QuintanaRoo: @PROFEPA_Mx https://t.co/rfLaZCa1yh pic.twitter.com/j0LJvOMgOZ
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 2, 2017
La Profepa, dese 2008, ha mantenido una vigilancia “cercana” de la comunidad, no sólo porque sus técnicas agrícolas son bastante… arcaicas (para el tamaño de producción que manejan, vaya) y representan un riesgo: como la quema de vegetación para “limpiar” un terreno, por ejemplo.
Además de la deforestación, la Profepa también está preocupada por el altísimo número de hornos para fabricar carbón vegetal que tiene la comunidad: sus mandatos religiosos les impiden usar electricidad, gas o gasolina para su vida diaria, por lo que dependen del carbón para cocinar, calentarse y vivir. Estos hornos, que producen cantidades importantes de monóxido de carbono, abonan al impacto que ya generan al deforestar. (Vía: Excélsior)
Multan a menonitas con 10.5 mdp por deforestar mil 400 hectáreas de selva; dicen que @betoborge les dio permiso https://t.co/utK4e6jA35 pic.twitter.com/GxqMniPtUV
— Denise Maerker (@DeniseMaerker) August 1, 2017
Casi 700 hectáreas de lo que era selva baja en Quintana Roo, en la reserva ecológica de Bacalar fueron arrasadas por alrededor de 50 familias que compraron las tierras a los ejidatarios locales. Irónicamente, la investigación pudo haberse evitado si la comunidad menonita hubiera tramitado un cambio de uso de suelo, pero, ellos dicen, lo que pide la Profepa es impagable.
La otra gran ironía es que esas tierras fueron “malbaratadas”, según la abogada de los ejidatarios, a “precios irrisorios: mientras los nuevos dueños se quejan de que el gobierno pide alrededor de 40 mil pesos por hectárea para tramitar el cambio, ellos la compraron entre 3 y 5 mil pesos que, repartidos entre los miembros del ejido, podría catalogarse como un despojo. (Vía: Milenio)
De las 18 denuncias que se han presentado contra miembros de la comunidad menonita por deforestación, se suma una multa por 2.7 millones de pesos en daños, sin embargo, aunque pagaran la multa completa, el daño hecho al ecosistema de Bacalar no sería resarcido con ese dinero.
