La jugada política de no subir los precios de la gasolina

Meade

La presión política surgida de las protestas contra el incremento del precio de los combustibles, tanto al interior, como al exterior del sistema político han surtido efecto, y que combinados con el mejoramiento de algunos indicadores económicos, han resultado en que el gobierno federal tomara la determinación de no subir el precio de las gasolinas a inicios del mes de febrero, tal y como se tenía programado. Sin duda esta decisión responde más a cuestiones políticas que responden tanto al entorno de descontento por las medidas, como al nerviosismo interno relacionado a los embates de Trump contra México.

El cálculo político asume que es mucho menos costoso absorber con gasto público los diferenciales de los precios de las gasolinas, que aumentar las tensiones que combinadas con el fenómeno Trump, podrían desatar la tormenta perfecta en el país. En ese sentido, lo que veremos es que se harán ajustes, por no decir recortes, en el gasto para poder sortear el impacto de mantener el control de precios en las finanzas públicas, de hecho, la causa por la que se mantendrán los precios es por el estímulo fiscal que dará la SHCP al Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) hasta el 17 de febrero, significando menor recaudación por parte de la federación.

Pero, ese estímulo solo se dará por 15 días, ya que este mismo mes la Secretaría de Hacienda valorará si se hace un nuevo ajuste del precio, todo depende del desempeño del tipo de cambio frente al dólar y por supuesto de los precios internacionales del petróleo que si tienden a la alza seguramente incrementarán los precios de la gasolina. De tal forma, esta medida temporal en realidad solo hace que el gobierno gane tiempo para determinar si va a controlar el precio, asumiendo el impacto al gasto público, hasta antes de que se liberen los precios o si va a seguir haciendo ajustes a la alza.

La decisión es altamente compleja porque ambos caminos tienen altos costos, el problema es que tienen que elegir entre asumir un costo político o económico. Hasta el momento parece ser que prefieren asumir el costo económico, probablemente porque los embates de Trump  han aumentado las presiones políticas del gobierno, ya que desde muchos sectores sociales y políticos son visualizados como débiles y carentes de legitimidad al interior del país, por lo que dudan que puedan llevar a buen puerto las negociaciones con el agresivo vecino del norte, y por supuesto un “gasolinazo” agravaría la crisis de gobernabilidad y legitimidad.

Pero este problema con el control de precios del gobierno tiene fecha de caducidad, ya que a finales del año, ya no será el gobierno el que fije los precios, sino que será el mercado, de tal forma, los precios variarán dependiendo de la competencia y de las condiciones del mercado que incluyen todo el proceso productivo, por tanto la función del gobierno será recaudatoria. Actualmente, al no tener otras opciones para el consumo, los mexicanos estamos obligados a comprar la gasolina de Pemex al precio que el gobierno decida, en un sistema de competencia habrá distintos precios dependiendo de la marca y por supuesto distintos niveles de calidad. 

No obstante es imperante exigir al gobierno transparencia respecto al uso de los recursos, ya que al retirar los subsidios a los energéticos tendrá un excedente de recursos dentro del presupuesto, ya que solo habría una función recaudatoria y no subsidiaria. En ese sentido es obligación de la ciudadanía exigir que el gobierno ejerza de manera responsable ese presupuesto, para que sea invertido en sectores clave para el desarrollo del país, ahí está el sistema de salud o el educativo que ciertamente necesitan muchas mejoras. (Vía: El Universal)