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“Hasta que la dignidad se haga costumbre”: la lucha de tres mujeres ñhäñhú

Todo comenzó hace once años, cuando un destacamento de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el cuerpo de élite que formara Vicente Fox para combatir el narcotráfico, llegó al mercado de Santiago Mexquititlán, Qro., “buscando mercancía pirata”. Una veintena de agentes se enfrentaron contra los locatarios y los habitantes del pueblo, lo que llevó a que los primeros destruyeran mercancía y los segundos los detuvieran, hasta que compensaran los daños provocados; dejaron a dos compañeros con los habitantes del pueblo y regresaron horas después, con el dinero. (Vía: El País)

Cuatro meses después, otra vez miembros de la AFI llegaron a pueblo y se llevaron, por medio de engaños, a tres mujeres ñhäñhú que estuvieron presentes el día del altercado, tres locatarias que vendían aguas frescas, nieves y verduras: Jacinta Francisco, Teresa González, embarazada de siete meses al momento, y Alberta Alcántara. Fueron presentadas ante medios, acusadas del secuestro de seis agentes de la AFI, nunca recibieron atención de un intérprete (aún cuando Jacinta no entendía el español) y fueron sentenciadas a 21 años de prisión. (Vía: Animal Político)

Las fallas en la “investigación” fueron evidentes desde el comienzo: las declaraciones en las que se inculpaban las tres mujeres fueron escritas en español, aún cuando Jacinta no lo hablaba, no hubo nunca evidencia en su contra y el proceso penal avanzó anormalmente rápido. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProH) tomó su defensa y, gracias a la lucha dentro del penal, de las familias y la comunidad por hacer visible el caso y mantenerlo en la agenda de organizaciones de derechos humanos, fueron liberadas casi cuatro años después de haber sido apresadas.La libertad de Teresa y Alberta tuvo que venir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), casi un año después de la liberación de Jacinta. Como la Procuraduría General de la República, entonces bajo el mando (secreto pero público) del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, las liberó a partir de la “falta de evidencias”, se negó a aceptar sus errores, a declarar la inocencia de las inculpadas y a resarcir los daños morales y económicos que provocaron sus fallos. (Vía: Tercera Vía)

Hace un año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) sentenció que la PGR tenía que resarcir los daños y, además, tenía que pedir disculpas “en voz alta y en un lugar visible” a las tres mujeres ñhäñhús. Ésta es la primera vez que una institución  del tamaño (y el peso histórico) de la PGR se ve forzada por un tribunal nacional a pedir disculpas por sus acciones. Como apuntó el director del Centro ProH, en un país donde el 98% de los casos quedan impunes, donde hay 28 mil desaparecidos y son una dolorosa constante las noticias sobre fosas comunes, la victoria que lograron Jacinta, Teresa y Alberta es una señal de que la lucha continúa.

La disculpa pública, ofrecida por el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, se dio en el salón Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia y, entre los asistentes, estuvieron padres de los 43 de Ayotzinapa, grupos de búsqueda de desaparecidos y diversas agrupaciones afrentadas por acciones del Estado en los últimos años. (Vía: El País)

La hija de Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, al tomar la palabra en el evento, recordó que lo que estaba ocurriendo no se daba desde su voluntad, sino porque estaba siendo obligada por una sentencia, que ninguna de las tres mujeres a las que se les ofrecía la disculpa estaban contentas con ello, pues sus casos no son los únicos en los que el Estado atropella los derechos de mujeres indígenas que no tienen la capacidad, ni los conocimientos ni los recursos para defenderse.

“Nuestra riqueza no se basa en el dinero, lo destinaremos y lo haremos llegar a donde tiene que llegar a su momento. (…)La vida y la libertad no se venden, no se negocian y no tienen precio” (Vía: Animal Político)