La CEDH emitió recomendación al gobernador Graco Ramírez por fosas clandestinas

La CEDHM demandó que Graco Ramírez instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares.
Ramírez

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM), emitió una recomendación al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al fiscal general de justicia, Javier Pérez Durón, y a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, sobre el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fue secuestrado, asesinado e inhumado en una fosa clandestina junto con otros 150 cuerpos.

Según el documento, mismo que fue notificado el pasado viernes a la familia de Oliver, así como a las autoridades nombradas, el gobierno de Morelos debe reparar el daño a las víctimas, ofrecer garantías de que no volverá a presentarse un hecho similar, así como realizar una serie de acciones para resolver el asunto de las fosas comunes existentes en Morelos. Entre las medidas más directas, se encuentra la creación de una fiscalía especial.

En el documento también se estableció que debe repararse “los daños y perjuicios, causados a las víctimas y a sus familiares, abarcando el daño moral, psicológico, económicas y materiales, así de manera integral acorde a la ley”, además de “elaborar banco de datos con las víctimas y el tipo de reparación a que a lugar”.

Se ordenó la creación de un “departamento de identificación humana” mismo que debió haberse integrado desde 2007, que estará “bajo la supervisión de la Coordinación de Servicios Periciales”, y que llevará un control y registro para identificar adecuadamente los cuerpos de las víctimas en general y que el caso de las fosas clandestinas ha dejado a descubierto las deficiencias. Además, con ello se debe garantizarse a los familiares la posibilidad de identificar a sus seres queridos.

La CEDHM demandó que el gobernador Graco Ramírez instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios ocasionados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo y que se den a conocer las medidas y garantías para su no repetición. La recomendaciones realizadas al gobernador morelense establecen un plazo de 10 días naturales para que se pronuncie sobre su aceptación, contados a partir del viernes pasado.