Si al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador te preguntabas cómo era posible que un criminal como José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, lograra apoderarse de una parte de la sierra Tarahumara, en Chihuahua, y que incluso caminara con total libertad y fuera patrocinador de un equipo de beisbol… a pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra, quizá ya exista una respuesta para eso.
De acuerdo con las indagatorias de las autoridades en Chihuahua, que se han llevado a cabo tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, junto al guía de turistas Pedro Palma y un joven de 22 años, el pasado 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, se descubrió que El Chueco tuvo, al menos, la complicidad de la policía municipal de Urique en sus presuntas actividades criminales, gozando de total impunidad.
Según las investigaciones, se reveló que el tío de El Chueco es director de la policía municipal de Urique. “De alguna manera eso también nos lleva al nivel (de impunidad poderío) que estaba manejando (El Chueco) en la zona”, afirmó en entrevista el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte.
Sin embargo, de acuerdo con el diario Milenio, eso solo era la punta del iceberg cuando también se descubrió que dos de las 13 personas detenidas: un sicario y el primo de El Chueco, identificado como Noriel Portillo, portaban armas de la Seguridad Pública Municipal de Urique, que no estaban reportadas como robadas ni como extraviadas.
“Para nosotros es muy importante determinar jurídicamente qué pasó con esas armas”, señaló en entrevista con Milenio el secretario de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua, Gilberto Loya.
Fue así como en la policías municipales de Urique y de Maguarichi, la SSP en conjunto con el Ejército comenzaron a realizar una serie de revisiones y aseguraron y resguardaron hasta 79 armas, entre cortas y largas, además de 76 cargadores y mil 380 cartuchos útiles. Según el reporte, ni la mitad de los policías cumplían con el requisito para portación de armas de fuego y otros ni siquiera habían aprobado las pruebas de control y de confianza, y a pesar de ello la administración la administración estatal anterior les permitió seguir en funciones y armados, de acuerdo con autoridades federales.
Además de todas las armas decomisadas a la policía, autoridades federales y estatales también aseguraron una unidad balizada de la Dirección de Seguridad Pública de Urique “involucrada en delitos”.
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