El pasado lunes 26 la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, suspendió sus derechos como militante del partido a Javier Duarte, así como a cuatro de sus ex funcionarios y dos notarios públicos. Sin embargo, de acuerdo con el diario Reforma, el partido tricolor dejó sin castigo a cinco diputados federales y dos diputados locales a pesar de que éstos presentan denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR). (Vía: Reforma)
Al igual que Duarte, estos siete priístas son investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el caso de las empresas fantasmas que fueron pagadas por diversos contratos con el gobierno de Veracruz.
Se trata del diputado Édgar Spinoso ex oficial mayor y ex subsecretario de Finanzas del Estado; Alberto Silva Ramos, ex Secretario de Desarrollo Social y coordinador de Comunicación Social en Veracruz, vinculado directamente con la contratación de empresas fantasmas; en este mismo caso están el legislador Tarek Abdala, ex tesorero de Duarte y denunciado en varias ocasiones por presunta desviación de recursos destinados a educación y salud; Jorge Carvallo Delfín, quien fue Secretario de Desarrollo Social del Estado; así como el diputado federal Adolfo Mota denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades cometidas en esa dependencia. (Vía: Reforma)
Además, a la lista se unen Vicente Benítez, relacionado con el envío de 25 millones de pesos en efectivo que fueron interceptados en el aeropuerto de Toluca en 2012; y Juan Manuel del Castillo, ex tesorero y ex secretario particular de Duarte, y denunciado ante la PGR y la Fiscalía veracruzana por diversos ilícitos. (Vía: Reforma)
A pesar de que el PRI ha intentado no dejar duda sobre su intención de combatir la corrupción y mantener una imagen de transparencia al interior del partido, aún no queda claro cuáles son los criterios con los que evalúa su impartición de justicia.