En todo estado con instituciones políticas sólidas los métodos de democracia directa no son una fuente legítima para llevar a cabo transformaciones de orden estructural. Este es sin duda el caso de Reino Unido y su salida de la Unión Europea, en donde la aclamación popular expresada en el voto directo del referéndum no ha sido suficiente para ratificar legal y oficialmente la separación definitiva del bloque europeo, es decir, el gobierno por sí solo no puede activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que permitiría activar el Brexit, sino que tendrá que el Parlamento tendrá que ratificar esa decisión.
Esto quiere decir que es el sistema político y las instituciones del estado las únicas posibilitadas para llevar a cabo ese tipo de determinaciones, que sin duda implican un cambio en la configuración estructural de ese país a niveles económicos, político y sociales. Esta decisión fue ratificada por el poder judicial y es una muestra de que son las instituciones representativas y el estado de derecho la fuente de legitimidad política y no el clamor popular expresado en el referéndum.
En relación a esto, el día de hoy el máximo tribunal de Reino Unido puso trabas al gobierno de la Primera Ministra Theresa May, cuando determinó la necesidad de que el Parlamento apruebe la iniciativa del gobierno para activar la salida de la Unión Europea. En ese sentido, fue rechazada la argumentación del gobierno en relación a la apelación de que el ejecutivo tiene la capacidad jurídica de tomar ciertas decisiones en nombre de la Corona sin necesidad de tener que acudir al Parlamento, entre ellas argüían, estaban las relacionadas a la política exterior del país.
Este en realidad es un triunfo de la ejecutiva de la City, Gina Miller, quien interpeló hace unos meses ante el máximo tribunal con la finalidad de que el Parlamento fuera el que ratificara la decisión tomada en el referéndum, esta iniciativa fue respaldada por otras organizaciones y por el gobierno autónomo escocés. El argumento descansaba en el principio de que el Brexit representaba de cierta forma sustraer a la ciudadanía de ciertos derechos obtenidos y garantizados por el Parlamento, por tanto es este el único capacitado para cambiar las leyes y adecuarlas al nuevo contexto.
El gobierno, aunque aceptó el fallo señaló que buscará activar el Brexit antes de marzo, ya argumentan que tienen la responsabilidad de hacer valer el mandato popular expresado en el referéndum, en donde la ciudadanía determinó que el país debe de salir de la comunidad europea. Aunque habrá fuertes negociaciones políticas, el Parlamento difícilmente evitará que Reino Unido salga de la Unión Europea, ya que ellos mismos ratificaron el dichoso referéndum, a lo mucho que se podría llegar es a acuerdos que lleven a una salida más suave y no un divorcio total tal y como propone el gobierno de Theresa May.
De tal manera, el gobierno ahora tiene que presentar cuanto antes un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes con el fin de que sea aprobada cuanto antes por el Parlamento. Pero la Primera Ministra se enfrenta a algunos problemas, ya que la idea original es presentar un texto sintético que evite extender el tiempo por trabas burocráticas y publicación de enmiendas, pero ese proyecto corre el riesgo de que tenga vacíos legales que puedan ser aprovechados por la oposición; esto muestra que el fallo del tribunal al final resultó en una derrota política para May.
Esta decisión en términos monetarios ha beneficiado a la divisa británica en los mercados cambiarios, ya que la libra se ha apreciado frente al dólar. Los mercados en realidad han beneficiado a la libra cuando las posibilidades de llevar a cabo un Brexit duro, tal y como lo propone el gobierno, se disuelven. (Vía: El País)