INAI obliga a Pemex a hacer públicos sus contratos con Odebrecht

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido obligado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), a hacer públicos los contratos que haya firmado con la constructora brasileña Odebrecht. (Vía: Reforma)

Odebrecht es una de las principales compañías de construcción a nivel mundial; es, también, el centro en un escándalo internacional de corrupción: se le acusa de haber pagado casi mil millones de dólares a gobiernos de América Latina, África y Estados Unidos para ganar contratos multimillonarios de infraestructura. La investigación brasileña (que, en buena medida, lidera las de los otros países pues es el país “sede” de Odebrecht) ha llegado, incluso, al presidente Michel Temer, quien ha sido llamado a declarar por su posible colusión en el caso.

En México, como te le lo hemos comentado ya en un par de ocasiones, los vínculos de Odebrecht con el gobierno mexicano, parece ser, se limitan solamente a contratos con Pemex: la ampliación de una planta procesadora de plásticos en Minatitlán, Ver., la renovación de instalaciones y equipo en otros puntos… El caso ya ha levantado cejas sobre la actuación de quien fuera el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y del presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, quienes ya han sido llamados a declarar por la justicia brasileña. (Vía: Sin Embargo)

La exigencia del INAI a Pemex viene de la petición “de un particular” para poder acceder a ellos, pues son bienes públicos. En estos contratos, Odebrecht ganó, por lo menos, 2 mil millones de pesos. Hacerlos públicos no sólo determina la cantidad exacta de dinero que ganara la empresa brasileña, también las condiciones en las que esos contratos fueron adjudicados, lo que podría abrir (o expandir) investigaciones penales sobre empleados de Odebrecht y funcionarios de Pemex. (Vía: Milenio)

Hasta el momento, la participación de la justicia mexicana en la investigación ha sido de poca ayuda, así como la transparencia en la misma: la Procuraduría General de la República ha decidido “reservar” la información por cinco años, mientras que la poca evidencia que ha salido de México se ha presentado cargada de censura: algunas por tratarse de temas “de Seguridad Nacional”, otras por ser “secretos empresariales”. ¿Veremos a Lozoya, a Calderón o a alguien tan nervioso por hablar con la justicia como, hoy, lo está Michel Temer?