Corte IDH aborda por primera vez caso de desaparición forzada en México

Corría el tercer año desde que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas en México. Era el 29 de diciembre de 2009 cuando un grupo de entre 8 y 10 miembros del Ejército de México “levantaron” a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en Ejido Benito Juárez, Chihuahua. No han sido vistos desde entonces. A casi 9 años, el caso de esta desaparición forzada llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Se trata de la primera ocasión en la que una desaparición forzada llega ante el órgano judicial.”

Este 26 y 27 de abril, la Corte IDH transmitirá la audiencia pública del Caso Alvarado Espinoza y otros versus México, en el cual se atenderán justamente las acusaciones de los familiares de los desaparecidos en contra del Estado mexicano. Estas no sólo consisten en la alegada desaparición forzada de las tres personas en 2009, sino una serie de violaciones que han derivado, como amenazas, hostigamientos y, en algunos casos, desplazamiento forzado.

El caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre 22 de 2016 y se trata de la primera ocasión en la que una desaparición forzada llega ante el órgano judicial. En ese entonces, la entidad determinó que los tres fueron privados de su libertad por parte de los militares en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, maniobra del Ejército tachada como fallida por parte de la sociedad civil en 2010.

La CIDH también apuntó que cuando los familiares denunciaron lo que había ocurrido y pidieron información, las autoridades aseguraron que no sabían nada al respecto y activaron mecanismos para encubrir el caso.

“Con base en lo anterior, la Comisión calificó los hechos como desaparición forzada”, dijo la CIDH.

De acuerdo a la convocatoria de audiencia de la Corte IDH en marzo, tanto el Estado mexicano, como los familiares de los desaparecidos se presentarán en la audiencia para declarar al respecto. Por el lado de México, irán a declarar peritos y un testigo, mientras que de los afectados asistirán con el mismo objetivo los respectivos hermanos de José y Nitza.

La llegada del caso ante la Corte es la última etapa del esfuerzo que se inicia por el reconocimiento de los derechos humanos por parte de los familiares de los tres Alvarado. La organización tendrá que revisar lo que las dos partes expongan durante la audiencia y a raíz de eso se dará un fallo que también podría establecer reparaciones.

Las sentencias de la Corte IDH son vinculantes, explica el documento Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que deben de se acatadas por el Estado, para lo cual se les da un tiempo para cumplirlas.

En caso de que el Estado sea omiso, la Corte lo registrará en el informe anual que dirige a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde se podrían solicitar sanciones por parte de la comunidad internacional para ejercer presión.

No es la primera vez que llega un caso de México a este órgano. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 10 ocasiones el Estado mexicano ha tenido que acatar decisiones del órgano. Estos casos han tenido que ver con detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones graves a derechos humanos.