Mientras en el resto de Latinoamérica y hasta en países africanos, Odebrecht se está enfrentando a múltiples procesos judiciales por corrupción, en México, la constructora brasileña ha decidido dar un vuelco en su proceso legal: acusó de corrupción (no, no es broma) a doce funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
A través de una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Joao Henrique Andrade Horst, representante legal de las dos compañías que engloba Odebrecht en México, Constructora Norberto Odebrecht (CNO) y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, reclamó que existiría una “estrategia” para frenar la investigación y criminalizar a las compañías:
“Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados“. (Vía: Reforma)
Lo que, en pocas palabras reclama Odebrecht es que las decisiones personales de algunos ejecutivos y trabajadores de las empresas que engloba en México no son las de toda la empresa y que las investigaciones, frenadas en México a pesar de que el anterior Procurador en funciones, Raúl Cervantes anunciara que “ya estaban concluidas”.
Al mismo tiempo, señala, varios argumentos que cancelaron contratos por los múltiples retrasos no son responsabilidad de la compañía que representa y que los estudios hechos para determinarlo no cumplieron el papeleo correspondiente.
https://youtu.be/7-3zoKS1vAo
Hasta el momento, de los doce funcionarios señalados por corrupción por la compañía, tres firmaron una carta colectiva en la que aseguran que no fueron “partícipes de actos de corrupción que impidieran el avance de la investigación”.
Los dos ex directores de Pemex, Carlos Treviño y José Antonio González Anaya (quien tomó las riendas de la SHCP cuando su tocayo se lanzó por la carrera presidencial) y el ex director jurídico de la petrolera, Juan Eduardo Kim, firmaron una carta en la que se lee:
“Como funcionarios siempre respetamos el marco de responsabilidades al cual estuvimos sujetos en nuestra actuación, por lo que, en este, como en todos los casos actuamos buscando salvaguardar los intereses de Pemex“. (Vía: Reforma)
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O sea, resumiendo: Odebrecht está argumentando que no es culpable de que unos ejecutivos suyos hayan, presuntamente, ofrecido sobornos a funcionarios de Pemex en contratos multimillonarios porque esos mismos funcionarios aceptaron los sobornos pero que ahora están frenando la investigación que podría encontrarlos culpables… ¿Quedó claro?
