Aprueban Ley Ingrid: prohibido difundir imágenes de delitos

Hasta 6 años de cárcel a funcionarios públicos que filtren fotos de la escena del crimen
Aprueban Ley Ingrid. Foto: Twitter

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Ingrid”; queda prohibido filtrar y publicar imágenes de delitos como feminicidio.

Por unanimidad, el Congreso de la CDMX reformó el Artículo 293 Quárter del Código Penal de la capital para establecer la siguiente redacción:

“Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograve, audiograve, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, informació reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazvo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

La iniciativa surgió debido a la indignación social causada por la filtración y posterior publicación de fotografías de la escena del feminicidio de Ingrid Escamilla.

Ingrid Escamilla era una mujer de 25 años originaria del estado de Puebla, de profesión maestra en administración de empresas turísticas. Su cuerpo fue encontrado desollado en su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero el 9 de febrero de 2020.

Erick ‘N’, quien fuera pareja de Ingrid, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Las imágenes del cuerpo de Ingrid fueron filtradas y publicadas.

(Imagen: Plumas Atómicas / Karen Robledo – Mónica Vázquez)

El dictamen de la Ley Ingrid fue redactado a propuesta de la Fiscalía de la CDMX y las diputadas Isabela Rosales de MORENA, Gabriela Quiroga del PRD y Patricia Báez del PAN.

De acuerdo con las diputadas que trabajaron el dictamen, esta reforma tiene el objetivo de evitar la filtración de imágenes de la escena del crimen por funcionarios públicos.

“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca debe ser causa para su revictimización”, menciona el dictamen.

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