Organizaciones civiles y familiares de las mujeres detenidas y acusadas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) de formar parte de una red de trata de personas, exigieron a las autoridades la libertad no sólo de las mujeres detenidas, sino de los 23 menores que actualmente se encuentran resguardados por el DIF estatal debido a que no tienen relación alguna con el caso.
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Las organizaciones Melel Xojobal, Colectiva Cereza, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y familiares de las detenidas, afirman que hay inconsistencias en las carpetas de investigación y consideran que el caso fue fabricado con el objetivo de criminalizar a cinco familias indígenas en situación de vulnerabilidad y dedicadas a la venta de artesanías en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Dichas organizaciones, así como la madre de 5 menores, y los abuelos de 12 niños resguardados por el DIF estatal, aportaron información a los medios de comunicación sobre la muerte de uno de los imputados al interior del CERSS número 5, así como de las diversas violaciones a los derechos humanos de todos los implicados.
De igual forma, aseguraron que las mujeres detenidas no tienen relación con el caso, y que la supuesta red de trata desmantelada por la FGE es inexistente, ya que los 23 menores de edad “rescatados” son familiares de las detenidas y ya han sido reconocidos por abuelos y tíos.
… Hemos documentado, como presenta este caso, la sistematización de la criminalización de la pobreza y la fabricación de pruebas y delitos inexistentes en varias carpetas de investigación…. Patricia Aracil; Colectiva Cereza pic.twitter.com/th8dQdcw4A
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) August 19, 2020
La detención
El pasado 17 de julio a las 7:30 horas, autoridades estatales ingresaron a un domicilio ubicado en Barrio Tlaxcala en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
En el lugar fueron detenidas Juana Montejo, Maribel Gómez Santiz y María Hortensia Gómez Sánchez, madres de 23 menores de edad, los cuales, también se encontraban en el domicilio al momento de las detenciones y que posteriormente, fueron llevados a las instalaciones del DIF estatal y quedaron bajo su resguardo.
Pese a que la detención se dio el día 17 de julio, no fue sino hasta el día 21 de este mes que fueron presentadas ante la FGE y posteriormente, trasladadas al CERSS número 14, mejor conocido como “El Amate”, acompañadas de tres bebés aún lactantes.
La detención de las mujeres implicadas se realizó en medio de las investigaciones que la FGE realizaba para la búsqueda del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, quien fue sustraído en un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y posteriormente, fue encontrado en el municipio de Cintapala, el 13 de agosto.
Durante el cateo en el domicilio, los policías se llevaron todos los documentos que encontraron, entre ellos, actas de nacimiento y constancias de alumbramiento de los menores que ahí vivían.
Irregularidades en las carpetas de investigación
En videoconferencia desde Chiapas, Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cereza, habló sobre la revisión del expediente del caso en torno a la detención de Adolfo Gómez, abuelo de algunos de los menores, quien falleció 12 días después de haber sido detenido y trasladado al CERSS 5.
Conforme a la carpeta de investigación 0357, Gómez fue detenido el 15 de julio en la colonia Salsipuedes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por presunta posesión de marihuana. Su ex esposa, la señora Josefa Sánchez, fue detenida al momento de acudir a solicitar información a la FGE, sin orden de aprehensión previa.
Posteriormente, el 16 de julio, un elemento de la Policía Especializada Antisecuestros, informó sobre una supuesta entrevista realizada a Mariano Patishtán Patishtán, el cual, señaló a Josefa Sánchez y Adolfo Gómez, y a una mujer llamada “Ofelia”, de llevarse al niño Dylan Esaú Gómez Pérez a quien dijo reconocer por una imagen.
“Esta persona no se presentó a la audiencia inicial en el Juzgado de Control de San Cristóbal de las Casas a cargo del juez Gabriel Grajales, ni confirmó ni ratificó esta supuesta declaración que se dice espontánea, pero como ven, está redactada a máquina”, mostró Aracil.
También cuestionó la posibilidad de que un policía, en este caso, Francisco Coronel de Lucio pudiera traer consigo una máquina de escribir o computadora e impresora para que una persona pudiera firmar una “declaración espontánea”.
Otra de las inconsistencias presentadas se encuentra en la supuesta entrevista realizada el 16 de julio por el agente de la misma corporación, Salvador Gómez Sánchez, al imputado Adolfo Gómez.
“Señalamos que este oficio es muy importante porque el 16 de julio el señor Adolfo ya estaba detenido”. El mismo oficio está dirigido a la fiscal del Ministerio Público, Minerva Rocío Gutiérrez Jiménez.
Destacó que desde su detención, Adolfo Gómez y Josefa Sánchez, no contaron con un defensor público, pese a que las autoridades afirmaron lo contrario.
“Se les negó indebidamente el derecho a la defensa, y no se les notificó el delito por el cual se encontraban detenidos, no existe constancia que se les permitió una llamada a su defensor o familiar, se les incomunicó de forma coactiva y se les entrevistó sin presencia de un abogado(a) defensor, existió duplicidad del término constitucional y se generaron dos carpetas de investigación con diversos delitos (0357-078-1001-2020 (delito contra la salud en su modalidad posesión) y 0340-078-1001-2020 (desaparición forzada de personas cometida por particulares), es decir, por las múltiples violaciones procesales, se les dejó en completo estado de indefensión”.
Abuso policial y tortura
El 27 de julio, 12 días después de la detención de su padre, Adolfo Gómez, Enerida Gómez, fue informada sobre su presunto suicidio en el interior de las instalaciones del CERSS 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Enerida Gómez mencionó que días antes, su padre le había solicitado 40 mil pesos para “su protección” y que posteriormente, fue encontrado sin vida y con huellas de violencia y tortura.
Integrantes de las organizaciones Melel Xojobal y Colectiva Cereza, señalaron que durante una entrevista con la Fiscal Altos, Adriana Rebolledo, les indicaron que la necropsia realizada al cuerpo de Adolfo Gómez indicaba que la causa de su muerte se debió a una asfixia por ahorcamiento; sin embargo, mostraron una fotografía en la que puede verse al señor Gómez, en pie, rígido y con una cuerda al cuello, sujeta a una reja, la cual estaba floja.
Dylan ya está en su casa, pero se niegan a entregarles a sus hijos
A pesar de que los menores de edad resguardados en el DIF estatal han sido plenamente identificados por sus familiares, en presencia de representantes de la FGE y de la presentación de documentos oficiales que acreditan el parentesco con los niños, las autoridades se niegan a entregarlos.
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Asimismo, evidenciaron la negativa por parte de las autoridades del DIF estatal de garantizar el derecho a vivir en familia, al ponerles trabas administrativas y retrasar la reunificación familiar de los menores retenidos.
Finalmente, lamentaron el dolor, las pérdidas invaluables, así como las afectaciones emocionales, jurídicas, sociales y económicas de las familias Gómez Sánchez y Montejo. También señalaron la sistemática e irreparable violación de sus derechos humanos y como este caso es una muestra de la injusticia y el abandono jurídico de toda la población por parte de todas las autoridades del Estado de Chiapas.
Con información de El Heraldo de México
