Asesinato de Víctor Emmanuel Torres Leyva: ejemplo del abuso policiaco

A 15 años de su asesinato, los familiares afirman que la justicia no ha llegado y que sus demandas no han sido atendidas
(Imagen: Twitter)

El 19 de agosto de 2005, Víctor Emmanuel Torres Leyva, de 29 años, ajustador de seguros empresariales, casado y padre de tres hijos, circulaba por el Eje 5 Sur a la altura de Calzada de la Viga cuando fue asesinado por la policía. Familiares y abogados señalan que la impunidad que derivó del caso continúa.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en su momento, Torres Leyva circulaba en sentido contrario, cuando elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) le marcaron el alto. Torres Leyva ignoró la indicación de los policías, motivo por el cual, fue perseguido a tiros por varias patrullas. De estos disparos, al menos diez, lograron alcanzar el vehículo. Tres de ellos impactaron en el cuerpo de Torres Leyva, causándole la muerte.

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A pesar de la evidente participación de elementos policiacos en este suceso, a 15 años del asesinato de Víctor Emmanuel Torres Leyva, solamente uno de los policías involucrados fue sentenciado a una pena de 27 años y seis meses de cárcel. Sin embargo, actualmente se encuentra en libertad, debido a que sólo tuvo que cumplir la mitad de su condena.

Por ello, los familiares de Torres Leyva acusan a las autoridades del entonces Distrito Federal y de la ahora Ciudad de México de negarse a realizar una verdadera y exhaustiva investigación del caso, de no permitirles contar con una copia de los expedientes, y de no haber recibido una disculpa pública a pesar de la Recomendación 7/2005 emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en 2005.

Frente a este escenario, en 2007, los hermanos de Torres Leyva decidieron iniciar el proceso para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigara el caso.

La CIDH finalmente atrajo el caso hace un año. Sin embargo, poco después, las negociaciones se rompieron sin lograr un acuerdo entre las autoridades y los familiares de la víctima, en buena medida, debido a que el gobierno se niega a reconocer las diversas irregularidades en la investigación que se realizó en su momento, pero sobre todo, porque consideran que el tema es “cosa juzgada”.

El abogado de la familia, Fabián Sánchez Matus, indicó que, en los próximos días, presentará nuevos argumentos frente a la CIDH con el objetivo de que la comisión determine el nivel de responsabilidad del Estado mexicano en el caso.

Con información de Animal Político