Desde este lado de la frontera la reciente destitución del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se mira con intriga. ¿Cómo es que este país centroamericano logró enjuiciar a su presidente por casos de corrupción? Y aunque puede ser que el asunto nos provoque alegría no podemos dejar de preguntarnos ¿por qué ellos sí y nosotros no?
Tenemos mucho en común con nuestros vecinos del sur. Entre ellas, una historia de violencia y corrupción; que incluye elecciones fraudulentas, enriquecimientos a costa de los bienes de la nación y funcionarios que aprovechan su puesto para el saqueo. Pero ellos lograron hacer algo que nosotros apenas nos hemos atrevido a soñar: llevar a juicio al presidente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Somos lo suficientemente semejantes como para emular su hazaña? O a lo mejor para nosotros resulta imposible.
Para saberlo hay que detenernos no en las semejanza, sino en las diferencias. Hay una situación particular en Guatemala que permitió que el presidente acabara sentado en un juzgado, llena de virtudes, pero también de sombras extrañas que se ciernen sobre la zona.
Razón no. 1: ellos tienen una institución autónoma
Cuando se presentó el escándalo de la llamada “Casa Blanca“ la situación en el país no era fácil. Apenas unas semanas antes se había llevado a cabo la desaparición forzada de 43 normalistas en Ayotzinapa. Y a eso se sumaba un caso de corrupción que señalaba directamente al presidente, como dueño de propiedades que pudieron haberse cambiado por contratos públicos para el grupo Higa, tanto en el Estado de México, como a nivel federal.
Por su parte, en abril de este año se destapó un escándalo de corrupción en Guatemala que involucraba a altos funcionarios del gobierno. A cambio de “saltarse“ impuestos, las autoridades aduanales extorsionaban a los importadores. El caso fue nombrado como “La Línea“. La investigación involucró incluso a los más altos mandos del estado: el presidente y la vicepresidenta.
Ambos son casos de corrupción. ¿Por qué uno de ellos llegó a los tribunales y el otro no?
Peña Nieto no fue investigado por el Poder Judicial, ni siquiera por el Congreso. No se abrió una fiscalía especial, ni una comisión al respecto. En cambio, su caso fue investigado por la Secretaría de la Función Pública, una dependencia que directamente está bajo sus órdenes. Él eligió al secretario Virgilio Andrade, quien es su subordinado inmediato. El resultado era obvio, el empleado del presidente exoneró a su jefe y con ello se cerró el caso.
Otto Pérez Molina fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una institución que no depende del gobierno y que no le rinde cuentas. La Cicig se subordina directamente a la ONU, y existe en Guatemala gracias a un pacto entre el gobierno y la comunidad internacional que le brinda apoyo económico. Cicig fue quien destapó e investigó el caso de “La Línea“, quien denunció al gobierno ante el Ministerio Público. La instancias judiciales pudieron ir directamente por el mandatario porque no había un “conflicto de intereses“ involucrado. La SFP en México depende de Presidencia, la Cicig es autónoma.
Razón no. 2: lo que hace Estados Unidos
A diferencia de otros mandatarios del mundo, Barack Obama tuvo una respuesta tibia y tardía respecto a los hechos de Ayotzinapa. Además de que nunca se refirió específicamente a los casos de corrupción que involucraban a Peña Nieto. En tono paternal, se limitó a recomendar que la lucha contra el narco debe estar acompañada de transparencia.
En cambio, Estados Unidos ha sido un motor de presión fundamental para llevar a juicio a Otto Pérez Molina en Guatemala. El principal impulsor y protagonista de la Cicig es justamente el país del norte. Cuando a principios del año, el presidente amagó con cerrar la Comisión, el vicepresidente Joseph Biden respondió de manera enérgica:
“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el congreso de EE.UU. se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares (…). La continuidad de Cicig es muy, muy, muy importante”
¿Por qué esta estrategia tan diferenciada en los dos países?
Obama ha expresado constantemente su beneplácito por las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto, incluso lo ha felicitado abiertamente por la reforma energética. Los intereses de Estados Unidos en nuestro país no están amenazados por la corrupción del presidente. En cambio, Guatemala forma parte de una de las zonas de geopolítica más importantes para los estadounidenses (las otras son Irán, Rusia, China y el llamado Estado Islámico) y la corrupción sí que ataca los intereses de las barras y las estrellas.
Guatemala, Honduras y El Salvador conforman el “Triángulo Norte“. Muchos países, liderados por Estados Unidos, llevan a la zona la “Alianza para la prosperidad“, que supone un apoyo económico que garantice la estabilidad y la gobernabilidad en una de las áreas más desiguales y violentas del mundo. Guatemala se encuentra en un lugar clave tanto para la lucha contra el narcotráfico como para la inversión internacional. Si EEUU garantiza la seguridad para los negocios en Centroamérica, habrá llevado a sus arcas miles y miles de dólares; además que se asegura el control de una zona históricamente conflictiva y estratégica en términos de geopolítica.
No es casualidad que durante el siglo XX se haya llevado casi una intervención sostenida por parte de Estados Unidos sobre Centroamérica. Han puesto y quitado dictadores, han financiado guerrillas, han apoyado a grupos violentos y paramilitares. Con su presupuesto han muerto movimientos que pidieron la autonomía, y con sus armas y su apoyo han sido desaparecidas, torturadas o asesinadas miles de personas. Ahora parece que su estrategia es más moderada, pero no deja de estar presente y de defender sus intereses en la zona.
Razón no. 3: los amenazados en Guatemala fueron los empresarios
“La Línea“ era una estructura criminal (que se sospecha incluso tiene vínculos con el narco) que extorsionaba a los dueños del capital, nacionales e internacionales. Las importaciones agravadas por la corrupción ataca al erario público porque sirve para evadir impuestos, pero también ataca a los grandes empresarios que importan productos del extranjero.
La “Casa Blanca“ presuntamente es un trato entre un grupo empresarial y el presidente, con mutuos beneficios. En este caso, los recursos públicos se usan para beneficiar a Higa y a Peña Nieto, los perjudicados son los mexicanos que pagan obras poco transparentes.
Al movimiento social guatemalteco se sumó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El papel de las empresas y los intereses económicos han sido claves para la destitución del presidente. Sostener una red de corrupción en la que supuestamente participaba Otto Pérez, supondría un golpe económico difícil de soportar para las empresas. Mientras que sostener el posible conflicto de intereses de Peña Nieto no hace más que mantener una red de corrupción que no es del todo ajena a la forma de hacer negocios en México.
Los recientes movimientos sociales en México expresan un descontento entre las clases medias y las clases más marginadas. La indignación se mueve en terrenos relevantes para el discurso público pero no amenaza directamente la estructura económica. En palabras simples, mientras que en Guatemala la afrenta se dirige contra los intereses económicos, en México se dirige contra la población. Por eso en un caso es más fácil destituir al presidente que en otro.
Las movilizaciones transformadoras
El reto de las movilizaciones sociales en Guatemala en este punto es transformar profundamente su país. Si bien es cierto que Estados Unidos y el CACIF jugaron un papel fundamental en la salida del presidente, no podemos negar la importancia de la movilización de la gente. Gracias a eso podemos pensar en una transformación más profunda, democrática y justa, que no se conforme con garantizar que no haya corrupción para las empresas; sino un país en paz y en equidad.
En este nivel, el caso de México es muy similar. Aquí no se ha podido juzgar al presidente, pero la transformación social está al alcance igual que en Guatemala. No basta con cambiar un jefe de estado, la transformación profunda depende de la participación ciudadana constante y organizada. México ha vivido mucha indignación y mucho dolor, pero también se esfuerza todos los días por no sucumbir al desencanto y mantener la esperanza en la construcción de un país posible en donde la corrupción del presidente no tenga cabida, entre muchas otras cosas más.
En este sentido, el reto de los dos países es igual. Lo que pasa en nuestro país y en nuestro vecino del sur responde a un descontento generalizado por políticas globalizantes de despojo. Nuestros países pagan el precio de los grandes negocios del mundo. No es raro, pues, que los movimientos sociales se manifiesten con fuerza y determinación en estas tierras.
Por Fernando Barajas, @prestejuan7