El acceso gratuito al anticonceptivo oral de emergencia (AOE), mejor conocido como “píldora del día siguiente“, vuelve a estar en manos del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, quien hace doce años prohibió su distribución en instituciones de salud pública.
Según EFE, esta situación es excepcional, ya que es la tercera vez que el TC aborda el tema luego de que en 2006 permitiera la administración de esta pastilla en los servicios de salud pública peruanos y tres años después, revirtiera el fallo tras la apelación presentada por una organización ultraconservadora.
La Directora Ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), organización que presentó el recurso ante el TC, Rosina Guerrero, señaló que “es el momento. Es una oportunidad muy valiosa para el TC de hacer justicia con las mujeres“.
Luego de más de diez años de litigio, la Segunda Sala del TC, integrada por tres magistrados, tiene pendiente la decisión de si el tribunal debe revisar la sentencia de 2009. No obstante, para Guerrero los siete magistrados del pleno deberían evaluar esta decisión debido a su trascendencia.
Guerrero aseguró a EFE que la “píldora del día siguiente”, “es uno de los métodos más estudiados científicamente. Es seguro. No es una ‘bomba’ de hormonas”. Además, recordó que la OMS consideró a esta pastilla en su actualización de su libro sobre planificación familiar, publicada este 3 de febrero.
“Es urgente que este anticonceptivo esté a disponibilidad en los servicios de salud. Es esencial y así lo catalogó la OMS“, agregó.
Su acceso “pende de un hilo”
Gracias a una medida cautelar dictada por un Juzgado Constitucional, desde 2016 el gobierno de Perú volvió a distribuir la “píldora del día siguiente”. Dicha medida quedaría sin efecto en caso de que el TC reafirmara su sentencia de 2009.
“Esa medida cautelar pende de un hilo pero sirvió para que el Ministerio de Salud tenga una base y una protección jurídica para exigir su acceso”, resaltó Guerrero.
Esta medida cautelar posibilitó que la pastilla pudiera incluirse en diferentes políticas públicas de planificación familiar y de prevención de la violencia doméstica, y sobre todo, que formara parte del kit de emergencia administrado a víctimas de abuso sexual.
“Es el único insumo posterior a la agresión sexual sin protección que podría prevenir el embarazo, pero por otro lado también están aquellas mujeres a las que le falló el método anticonceptivo o que tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos regulares, que no son pocas”, advirtió Guerrero.
Gratuidad de la píldora disminuiría la discriminación en mujeres de escasos recursos
Desde el fallo del TC en 2009 hasta la medida cautelar establecida en 2016, la “píldora del día siguiente” solo podía conseguirse en farmacias privadas. Esto, dificultaba su acceso a buena parte de la población de escasos recursos económicos en un país en el que el aborto está permitido solo en casos en los que la vida de la madre está en riesgo.
“Es inadmisible que se vendiese en farmacias y no pudiese ser distribuida (por el Estado). No es posible que la mujer que sí tenga dinero lo obtenga y la que no se quede sin él”, acusó.
A decir de Guerrero, la decisión del TC permitiría disminuir la discriminación en mujeres de escasos recursos y “devolverle a las mujeres este derecho al avance científico”.
Una razón de salud pública
Rosina Guerrero recordó a EFE la alta incidencia de embarazo adolescente en Perú, país en el que desde hace 30 años el 13% de adolescentes son madres o están en su primer embarazo. Además, en algunas regiones del Amazonas, la tasa se dispara a un 30% aproximadamente.
“Las adolescentes tienen serios problemas para ir a los servicios de salud porque hay un estigma muy grande sobre su actividad sexual, porque se les condena su actividad sexual y porque tampoco hay educación sexual”, lamentó.
Asimismo, recordó la lucha por el acceso a esta pastilla porque el 50% de las mujeres en Perú usa anticonceptivos modernos, mientras que otros países latinoamericanos reportan índices del 70% e incluso del 90% en el uso de estos métodos.
En este sentido, señaló que hay razones de salud pública para exigir la atención en este tema. Esto, porque durante la pandemia las mujeres y niñas viven confinadas con sus agresores.
