Comisiones del Senado aprueban la llamada ‘Ley Olimpia’

En el dictamen aprobado por unanimidad se incorporó la violencia de género que se ejerce en los medios de comunicación
(Imagen: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos pertenecientes al Senado de la República, aprobaron por unanimidad la llamada “Ley Olimpia”.

El dictamen aprobado este miércoles 4 de noviembre, tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales. También, incorporó la violencia de género que se ejerce en los medios de comunicación.

En este sentido, la violencia digital queda definida como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona si su consentimiento, apropiación o autorización”.

Respecto a la violencia mediática, el dictamen establece que es cualquier acto a través de un medio de comunicación, que de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas. También, aquellos actos que hagan apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexistas, discriminación de género o desigualdad de género. De igual forma, aquellas acciones que dañen psicológica, sexual, física, económica o patrimonialmente a las mujeres y niñas.

Penas de tres a seis años de prisión a quien cometa violencia digital

Las Comisiones Unidas establecieron en el Código Penal Federal que aquellas personas que cometan violencia digital, serán acreedoras a penas de tres a seis años de prisión y multas de quinientos a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El mínimo y el máximo de las penas contempladas aumentarán hasta en una mitad cuando el delito lo cometa el cónyuge, concubinario o concubina. Asimismo, en los casos en los que la víctima tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza.

El aumento en las penas aplicaría también en los casos en los que el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

Con información de Senado de la República
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