Tras 7 años de la masacre en San Fernando, se dicta una orden de aprehensión

Hace siete años el 24 de agosto del 2010 fueron ejecutados 72 migrantes con un tiro de gracia en la cabeza. Los cuerpos abandonados amanecieron en una bodega en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y en las investigaciones se culpó de la masacre a integrantes del cártel de los Zetas, pero también, se sabe que las investigaciones presentaron una serie de irregularidades. Después de siete años, la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó una orden de aprehensión por delito de homicidio contra “La Ardilla”, líder de los Zetas, pues es considerado el autor intelectual de los crímenes.

La persona identificada como Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “La Ardilla”, se encuentra en prisión desde el 6 de octubre del 2012 pero el mes pasado, apenas se dictó la orden de aprehensión en su contra, librada por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas.

Fue el juez, Jorge Amado Wong, quien dictó auto de formal prisión para Salvador Martínez, al considerar que la Procuraduría contaba con los indicios suficientes para establecer que fue él quien ordenó la masacre de los 72 migrantes. (Vía: Reforma)

Según documentos del juzgado, Salvador Martínez “La ardilla”, ya estaba sujeto a juicio por sus operaciones delictivas en el municipio tamaulipeco, además, se le acusa ser el presunto responsable de narco fosas encontradas en el municipio y de la ejecución de más de 50 personas.

También está relacionado con la fuga de 151 reos del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en diciembre del 2010. Pero hasta este años que se le imputó el asesinato de los 72 migrantes en San Fernando.

 

Masacre de San Fernando, grave violación de derechos humanos

A finales del mes de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la masacre de San Fernando debe ser calificada como una grave violación de los derechos humanos. Así le fue notificado a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que representa a algunos familiares de las 72 personas migrantes asesinadas.

Es importante mencionar que las consideraciones de la CNDH para clasificar la masacre de los 72 como violaciones graves a derechos humanos, fue una lucha de 3 años. Se espera que, habiendo dado este paso en casos de migrantes, la CNDH clasifique también como graves violaciones la masacre correspondiente al hallazgo de 47 fosas con 195 restos en San Fernando y la masacre de Cadereyta. (Vía: Artículo 19)

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Además del exhorto de la CNDH, meses antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de la Fundación en la que se le reconoció su derecho de acceso a la información. 

Estamos a días de que se cumplan siete años de la masacre, ¿los logros de la fundación encarados con el trabajo de la PGR después de 7 años, serán suficientes para que el caso no sea cerrado? Aún quedan más preguntas abiertas, hace unos meses el Estado aceptó la participación de elementos de seguridad ¿qué pasará con los policías municipales arrestados?

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