Los hechos de San Fernando, a cinco años de la masacre de 72 migrantes

El 24 de agosto de 2015 se cumplen cinco años desde que la Secretaría de Marina informó el hallazgo de 72 cadáveres dentro de una bodega en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Había 58 hombres y 14 mujeres. Se trataba de migrantes que, en su intento por llegar a la frontera con Estados Unidos, fueron secuestrados y asesinados. El crimen fue cometido por un grupo delincuente en complicidad con miembros del sistema de seguridad mexicano. A cinco años de los asesinatos, este crimen no ha terminado. Las irregularidades jurídicas y los errores en las investigaciones conforman actos de violencia contra los amigos y familiares de los masacrados, así como para la sociedad en general. Mientras el caso no se aclare, los culpables no respondan por sus actos y los responsables de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en México no cumplan sus funciones, la violencia que comenzó hace cinco años no habrá terminado de consumarse.

Es importante volver hacia los dolorosos hechos de San Fernando porque lo que sucedió allá fue un crimen de lesa humanidad. La ONU, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, define este tipo de crimen como aquel en que “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre los ataques incluidos están asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de la libertad, tortura, violación, desaparición forzada, entre otros. Lo que ocurrió en San Fernando es aterrador en muchos sentidos. Por un lado, la posibilidad de que se cometan delitos de esta naturaleza pone en duda la confianza en las instituciones de seguridad nacionales. Por otro, la crueldad mostrada en las distintas etapas de los hechos cuestionan la naturaleza misma del hombre.

Determinar los hechos de San Fernando no ha sido una tarea fácil. El trabajo de investigación más serio y sistemático realizado hasta el momento es el de la Red de Periodistas de a Pie, que en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas, comenzó el proyecto Másde72. El recuento de los hechos de San Fernando que elaboramos en Plumas Atómicas está basado en gran medida en este trabajo.

Los migrantes

Al norte del estado de Tamaulipas, hay un municipio llamado San Fernando. El lugar fue fundado en 1749 y ocho años después, en 1757 cambió su lugar debido a una inundación. La ocupación principal del municipio más grande del estado (6091 km2) es la agricultura. San Fernando es también un punto estratégico para el comercio ilegal, por un lado colinda con Estados Unidos y, por el otro, conecta con el Golfo de México. El municipio es una parada obligada en la ruta atlántica que siguen los migrantes hacia la frontera norte.

El 24 de agosto por la noche, la Secretaria de Marina dio aviso de que un hombre visiblemente herido acudió a un puesto de control en San Fernando para pedir ayuda. Dijo que era sobreviviente de un ataque en un rancho por la zona. Tras atender la petición, los marinos descubrieron una bodega con 72 cuerpos con tiros de gracia. La versión oficial fue que se trataba de migrantes, en camino hacia los Estados Unidos, que habían sido atacados y masacrados por los Zetas, después de negarse a colaborar con la organización criminal.

Una duda básica es la cantidad de hombres y mujeres muertos, pues mientras el gobierno federal sostiene  [que había] 14 [mujeres] y 58 [hombres], la procuraduría de Tamaulipas dice que fueron 13 mujeres y al Comisión Nacional de Derechos Humanos duda del sexo de un cádaver. (Másde72)

Hay, por lo menos, cuatro versiones de lo que sucedió en los días previos a la masacre. Todas coinciden en que los migrantes iban camino a la frontera y fueron desviados hacia el rancho de San Fernando. En algún momento, los secuestradores, identificados como parte del grupo narcotraficante de Los Zetas, les dieron a elegir entre convertirse en sicarios o morir. El número original de migrantes oscila entre 74 y 77.

Llama la atención el hecho de que parece natural que varias decenas de personas viajen en condiciones precarias por el territorio nacional. ¿Quiénes los estaban transportando? ¿Con qué frecuencia se utiliza esa ruta para trasladar migrantes? ¿Las autoridades locales saben de estos traslados? ¿A quién pertenece el rancho donde fueron encontrados los cuerpos?

Los testimonios

El hombre herido que acudió a los marinos en busca de ayuda se llama Luis Freddy Lala Pomavilla y es ecuatoriano. Según la versión oficial existe otro sobreviviente, no identificado, que al momento de ser enviado de vuelta a Honduras, su país natal, escapó y volvió a intentar viajar a los Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno de Ecuador, existe un tercer sobreviviente, de San Salvador, que vive refugiado en Estados Unidos como testigo protegido. La agencia de noticias Telesur difundió declaraciones, hechas por Lala Pomavilla, de que existe una sobreviviente más.

https://youtu.be/hPgESPocR6k

La versión oficial de los hechos está basada, en gran medida, sobre las declaraciones del ecuatoriano sobreviviente. Sin embargo, existen algunas discrepancias entre las versiones que registran el testimonio de Lala Pomavilla. Todos los relatos apuntan a que los migrantes secuestrados no tenían una relación con sus captores y se negaron a trabajar para ellos. Por eso los asesinaron. Al parecer, a cada uno le dieron un balazo en la cabeza. Los 72 disparos salieron de la misma arma de fuego. Es importante señalar que, a pesar de que Lala Pomavilla es un testigo fundamental para los hechos de San Fernando, actualmente ya no cuenta con ningún sistema de protección por sus declaraciones:

Funcionarios de la Fiscalía General argumentaron que habían perdido los beneficios de la protección por haber cometido delitos como escándalo público e ingesta de bebidas alcohólicas por parte del padre del sobreviviente, entre otras.

Desde el 2013 Freddy Lala y toda su familia fueron excluidos del programa de protección con lo que les fue retirada la custodia y los apoyos médico, psicológico y económico.

La cronología

En la cronología de los hechos hay un punto que carece de claridad: los hechos que sucedieron entre el escape de Lala Pomavilla y el hondureño y el momento en que Lala Pomavilla llega al puesto de seguridad de la Marina a relatar los hechos. La distancia entre el rancho y el puesto es aproximadamente de 19 kilómetros, que el joven sobreviviente debió cruzar en completa oscuridad y con heridas graves en el cuerpo. ¿Aguien guio a Lala Pomavilla en su camino? ¿Alguien le habrá abierto las puertas de su casa para ofrecerle un poco de agua o refugio? Tampoco es claro qué sucedió con el otro sobreviviente. El periodista Gary Moore visitó el lugar de los hechos y escribió un reportaje donde escribe sus hipótesis sobre los desplazamientos de aquella noche de agosto, según sus observaciones en el sitio.

Algo que tampoco está claro es el momento en que las autoridades llegaron al lugar de los hechos.

según investigaciones independientes, la policía municipal fue la primera en llegar al rancho El Huizache, la escena del crimen. Incluso los reporteros que cubren la zona tuvieron conocimiento de este hecho desde el 23 en la mañana y habían acudido al rancho a tomar fotografías, antes de la llegada de las autoridades federales.

Según la versión oficial, la Marina se enfrentó con miembros del grupo criminal al acercarse al lugar de los hechos. Como resultado, murieron tres presuntos delincuentes, un marino y capturaron a un menor de edad que supuestamente también pertenecía al crimen organizado. De acuerdo con una comunicación desclasificada, la Marina tardó casi 36 horas en llegar al rancho El Huizache tras haber escuchado las declaraciones de Lala Pomavilla. Medios locales de comunicación aseguran que fueron los primeros en llegar, de ahí que en las fotografías que han circulado no se aprecie ningún cordón de seguridad. 

Vista frontal del rancho donde se encontraron los cuerpos

Hay varias fotografías de los migrantes que muestran sus cuerpos masacrados. Este hecho constituye un acto de violencia contra los familiares y amigos de los asesinados. También contribuye al discurso del horror que se vive en México desde que comenzó la Guerra contra el Narcotráfico, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los motivos

La versión oficial reproduce las declaraciones de Lala Pomavilla, quien asegura que el ataque de los Zetas se debió a la negativa que dieron los 72 migrantes ante la propuesta de trabajar para los narcos. Sin embargo, existen otras posibles líneas de investigación que no han sido atendidas en las indagatorias oficiales.

Uno de los cables de la embajada estadounidense plantea dudas sobre la versión oficial pues refiere que el sueldo que habrían ofrecido a los migrantes era “excesivamente generoso” como para negarse, más ante el riesgo inminente de ser asesinados. Y arrojan varias luces: extrañamente no se pidió rescate por lo que la motivación de Los Zetas pudo ser estropear el negocio del Cártel del Golfo por el cruce ilegal de migrantes a Estados Unidos.

¿Qué motivos hay detrás de las líneas de investigación abandonadas? Parece que la gravedad de los hechos de San Fernando no se reduce a un hecho aislado de violencia y crueldad extremas, más bien responde a una lógica de acciones que, de ser destapada, mostraría el nivel de corrupción y de control criminal que se vive en muchos lugares de México.

Los cuerpos

Pasaron cinco días desde que la Marina tuvo noticia de la tragedia y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas terminó de sacar los cuerpos de la bodega. Este largo tiempo permitió que muchos se pudrieran por permanecer al aire libre durante tanto tiempo. El traslado de los restos mortales se llevó a cabo sin seguir ningún protocolo de conservación. Muchas evidencias se perdieron. El descuido y la negligencia en el tratamiento de los cuerpos dificultó en gran medida su identificación posterior.

Hasta hoy hay once cadáveres que no han sido identificados. Aquí puedes leer una lista de los 72 cuerpos que registra su sexo, su ropa y pertenencias y su filiación. Un año después de los hechos, la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos encontró 15 objetos personales abandonados en el lugar de los hechos. En este documento puedes leer una relatoría de la caravana del 2011.

El maltrato de los cuerpos se repitió sistemáticamente. Además de que muchos de los cadáveres se descompusieron en los cinco días que estuvieron expuestos al sol y al viento, fue descuidado el traslado de los cuerpos hacia las instalaciones de la Marina y los otros lugares donde les practicaron las autopsias. La CNDH denunció que las autopsias tampoco siguieron el procedimiento necesario. Éstas son algunas de las fallas. En el proceso de exhumación se violaron al menos cinco leyes de distintos protocolos penales.

El 31 de agosto de 2010 se trasladaron a la Ciudad de México 56 cuerpos que no pudieron ser identificados. Los cuerpos viajaron por más de 18 horas en bolsas de plástico negras al interior de un tráiler sin ventilación ni refrigeración. Poco antes de llegar a su destino, el vehículo chocó contra un carro particular estacionado. La colisión empujó a otro coche hacia la banqueta. Un hombre que pasaba por allí perdió la pierna tras el impacto.

Tanto deterioro de los cuerpos, además de violentar la dignidad de las víctimas, provocó de nueva cuenta pérdida de evidencia forense que hubiera facilitado la identificación de las víctimas.

Los cadáveres permanecieron de nueva cuenta apilados a la intemperie, mientras eran llevados del tráiler a la funeraria particular, La Piedad, en la colonia Doctores, contratada por la PGR para el servicio de embalsamamiento. Unas nueve horas después del choque la totalidad de los cuerpos fueron ingresados al Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Desde ese momento hasta la actualidad han sido repatriados, en distintas fases, 44 cuerpos.

El proceso de traslado de los cuerpos identificados para entregarlos a sus familias también estuvo lleno de irregularidades. En primer lugar, no es clara la información sobre los procedimientos de identificación de los cuerpos. Esto provocó que hubiera varios errores. Un ejemplo es la historia de Edilsimar Junior Faustino da Silva:

El otro cuerpo enviado por error a Tegucigalpa correspondía a un ciudadano brasileño Edilsimar Junior Faustino da Silva, quien fue repatriado con el nombre del hondureño Eredis Ayala Muñoz, mientras los familiares de Edilsimar recibían en Brasil un ataúd sellado y la orden de no abrirlo, pero al desobedecer a las autoridades, no encontraron un cuerpo sino una bolsa llena de arcilla. Además del error, las autoridades mexicanas querían cobrar a la familia de Edilsimar 180 mil pesos por el costo del traslado. El cuerpo del brasileño Edilsimar permaneció en Tegucigalpa, hasta donde tuvieron que llegar peritos de Brasil, quienes lo identificaron plenamente. Edilsimar fue repatriado nuevamente, ahora de Honduras a Brasil en noviembre, tres meses después de la masacre.

Lo más alarmante es que el caso de Edilsimar no es unico. Varios muestran irregularidades similares, muchas de las familias no están seguras de haber recibido el cadáver de sus deudos. La gravedad de los hechos de San Fernando se extiende hasta el momento actual. La tortura psicológica que han sufrido los familiares y amigos de las víctimas es parte de un hecho muy grave. Algunas de las víctimas cuentan su testimonio aquí.

A pesar de que hay varias personas acusadas y procesadas por los hechos de San Fernando, aún no está claro cuál fue su participación exacta en los hechos y, en varios casos, tampoco es claro si están cumpliendo una sentencia. Uno de los presuntos responsables de la masacre declaró cómo entró al grupo de los Zetas y algunas de las actividades a las que se dedicaba, entre las que estaba secuestrar camiones de migrantes.

La repetición de los hechos

El secuestro y asesinato de 72 migrantes en San Fernando no se tradujo en acciones gubernamentales para prevenir futuros crímenes. Al año siguiente, en el mismo municipio fueron encontradas varias fosas con 196 cuerpos, la mayoría de migrantes asesinados. En 2012 en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, 49 torsos de personas, entre ellos varios migrantes ya identificados, fueron arrojados a la carretera como un nuevo mensaje de control de territorios.

La violencia que se vive en San Fernando es muestra de la que se vive en todo el país. La lista de secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales va creciendo día con día. En los últimos años, la geografía de México se ha cargado de un significado funesto. En cada manifestación pública para demandar justicia por crímenes cometidos en los últimos años, van sumándose los nombres de las regiones donde han ocurrido masacres que siguen sin resolverse: Apatzingan, Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, San Fernando… Se va formando una geografía del dolor. Tenemos derecho a saber lo que está pasando en nuestro país. Tenemos derecho a sentirnos heridos por la violencia criminal y por la corrupción de nuestras autoridades con grupos delincuentes. Saber la verdad es necesario para pedir justicia. El duelo por nuestros muertos es uno de los medios para sanar y restaurar las profundas heridas que la guerra que se vive en México ha causado. La verdad, el dolor, la indignación y el duelo son condiciones necesarias para la exigencia de justicia. No podemos permitir que estos hechos se repitan.

Nayeli G. @nayegasa