Por torpeza, dejan libre a Emilio Lozoya, acusado de corrupción, tráfico de influencias y negligencia

Emilio Lozoya es de esos políticos a los que se les pegan toda clase de demandas y, aún así, salen bien librados de todo. Esta vez, se sacudió sin mucho problema un juicio político promovido por diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Algo grave hay en la forma como la clase política aborda un problema de corrupción, de sospechas de corrupción: esperan a que cause revuelo en medios o en redes sociales para salir indignados y lanzar investigaciones, querellas y acusaciones sin una estrategia efectiva para hacer que los involucrados (no sólo el personaje en cuestión, sino la red completa) respondan por sus actos.

La investigación lanzada por MORENA en la Cámara de Diputados contra Lozoya Austin comenzó hace un año, cuando éste estaba por dejar el cargo de director de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Se sospechaba que, durante su administración, la influencia del crimen organizado dentro de PEMEX incrementó, así como la reducción de las responsabilidades de la empresa para con sus empleados. Un juicio político sólo puede ser lanzado contra un funcionario hasta un año después de que deje el cargo, fecha que se cumplió, en el caso de Lozoya, en febrero, por lo que la misma comisión creada para investigar la pertinencia del juicio no tuvo más que declararlo improcedente. (Vía: Reforma)

Lozoya Austin es un personaje oscuro dentro de la política nacional -y no sobra decir que, teniendo en cuenta el panorama, es decir mucho-: coordinador de campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto y, luego, director de PEMEX de 2012 a 2016, no tiene más experiencia que eso y unos veinte años de miembro del Partido Revolucionario.

Además del fallido juicio político, el exdirector de PEMEX está siendo investigado en Brasil por el caso de corrupción internacional de la constructora Odebrecht, en la que también aparecen nombres como el de Felipe Calderón, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva; junto con la investigación brasileña, un grupo de jubilados petroleros enviaron una carta al Congreso de la Unión para exigir que sea investigado por un presunto fraude de pensiones, licitaciones directas y contratos “oscuros” a través, dicen, de varios operadores (sí, como Duarte):

“Ambos [operadores] gestionan los contratos para la compañía Construcciones Industriales Tapia y uno de estos contratos multimillonario es el DCPA-OP-SCC-SRP-CPFGA-15 que tiene monto de más de 100 millones de pesos y otro se lo asignaron, también por medio de las personas mencionadas, por monto de 19 millones de dólares” (Vía: Proceso)

Vez con vez, las comisiones “especiales” del poder legislativo han demostrado su ineficacia: ya sea porque han utilizado tácticas dilatorias, porque aparecen “alianzas” sospechosas o porque dejan almacenadas las investigaciones hasta que son olvidadas. ¿Hay algún camino para que conozcamos la verdad?