La ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa no es una buena noticia

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La Cámara de Diputados votó a favor de ampliar la lista de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, es decir, que los acusados ante un juez de ciertos ilícitos serán automáticamente encarcelados para garantizar su presencia en el juicio que determinará su responsabilidad.

La decisión de los diputados se suma a la aprobación del Senado por incrementar la lista de delitos. El siguiente paso es obtener la luz verde de más de la mitad de los congresos locales.

Hasta ahora, los delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa eran los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego. 

A la lista se pretende añadir el uso de programas con fines electorales, el enriquecimiento ílicito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, abuso sexual a menores, violencia sexual a menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego. 

Pese a que la Cámara de Diputados aprobó con 377 votos de los 480 presentes, no todo el mundo está conforme con la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.

Críticos de esta medida reclaman que el abuso de la prisión preventiva resulta en sobrepoblación en las cárceles, burocracia en los procesos penales, debilitamiento de los procedimientos de investigación y violaciones graves  a la presunción de inocencia, un derecho que se incluyó en la Constitución en 2008.

La organización especializada en justicia, México Evalúa, analizó estado por estado poniendo en prueba el postulado de que “entre más prisión preventiva, hay menos víctimas”, es decir, que esta medida punitiva sirve como una persuasión para el crimen.

Según los resultados de la organización, lo más frecuente es que la prisión preventiva no reduzca la tasa de victimización.

Por su parte, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) señala que esta medida debe ser excepcional:

(…) viola el derecho de las personas imputadas de delito a que se presuma su inocencia y suele imponer a estas, sus familias, su comunidad y al propio Estado costos económicos y sociales desproporcionados, innecesarios e injustos.

La prisión preventiva depende de la determinación de un juez, quien con o sin pruebas podrá ordenar esta medida, sin embargo, esto no garantiza le garantiza a los presuntos culpables que tendrán su  juicio pronto. 

Según cifras de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos del 2017, el 38% de la población en prisión eran personas en prisión preventiva que todavía no contaban con una condena firme.

Quizá lo más grave de la prisión preventiva oficiosa es que a cualquiera le podría suceder. Como bien señala el protagonista del documental Presunto Culpable (2008), José Antonio Zuñiga, quien fue arrestado arbitrariamente y posteriormente acusado de homicidio.

Zuñiga estuvo dos años y medio en prisión hasta que se probó su inocencia. 

Las detenciones arbitrarias, generalmente hechas  para extorsionar, proveer de dinero a terceros o por causas políticas, según el último informe al respecto de Amnistía Internacional (AI), deberían ser  preocupantes para todos los ciudadanos, pero especialmente contra aquellas poblaciones que históricamente viven la discriminación.

De acuerdo con AI, las detenciones arbitrarias y el cargo de delitos se hace casi siempre contra hombres jóvenes en situación de pobreza o migrantes. 

Entonces, ¿encarcelar a más gente es la solución?