Como parte de sus conversatorios y ponencias, Oxfam abrió, nuevamente, la discusión sobre la industria minera. En esta ocasión, sobre el Fondo Minero y la forma en que este cambiará a partir de que el Gobierno Federal solventará la actividad de forma directa y no mediante un fondo fiscal.
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Dentro de las preocupaciones de la ONG, se encuentran la forma en que será designado este nuevo presupuesto, que dependerá completamente del Gobierno Federal, administrado a discreción sin intervención de las comunidades, las empresas o los gobiernos locales.
Esto implica, por supuesto, diferentes cambios en la estrategia de explotación en la extracción minera. Al darse a conocer la decisión, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, lo expresó de esta forma:
“Entendemos que el enfoque que prefieren algunos gobernadores es que el Fondo Minero se ejerza a través de los gobiernos estatales y municipales. Entendemos su posición. Pero la posición del gobierno federal es ejercerlo de manera directa, sin intermediarios, para que llegue directamente a quien tiene que llegar“.
En primer orden, esto representaría que la estrategia de distribución del fondo fiscal cambie, dejando de lado la administración de remanentes y de uso de activos y presupuestos, para incluirlos directamente como una parte del presupuesto a ejercer, con sus montos delimitados y asignados con apego a lo que la Secretaría de Minería defina.
Mañana te invitamos al evento "El fondo minero en transición: lecciones, retos y prospectiva".
— Oxfam México (@oxfammexico) August 29, 2019
Donde discutiremos los efectos económicos, políticos y sociales de la actividad minera.
Centro de Artes Vivas (Salvador Novo #8, Coyocán, CDMX) 11:30 AM
Entrada libre, cupo limitado. pic.twitter.com/Lhvan1GWeS
Para Oxfam, las preocupaciones sobre esta nueva administración de presupuesto están en la anulación de los Estados para ejercer el derecho de extracción de sus propios recursos, así como la necesidad de transparencia en la estrategia a seguir para distribuir el presupuesto.
Así mismo, en la línea que la ONG ha mantenido sobre este tema, se espera que la actividad minera sea replanteada para que no afecte a las comunidades donde se lleva a cabo la extracción, pues estas deberían ser las encargadas de definir los términos en que se realiza la minería o, en dado caso, si se realiza.
Sin embargo, la nueva forma de administración de presupuesto le quita toda potestad a habitantes y autoridades locales, que serían las primeras en poder interceder.
De la misma forma, la recaudación fiscal minera no ha sido suficiente, pues se estima, según los estudios de este organismo, que extrae, aproximadamente, 173 veces lo que paga a la Hacienda mexicana.
En ese sentido, los retos que se siguen planteando, de cara a una nueva etapa de la industria minera en México, están enfocados en las comunidades, para que puedan tener injerencia y potestad sobre los recursos compartidos de la nación; y también en el replanteo de qué y cómo afecta esta actividad a la sustentabilidad, el entorno y los recursos naturales de México.
