Después que, en las últimas semanas, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, insistiera constantemente en la necesidad de un “marco jurídico” que “legisle y regule la actuación de las fuerzas armadas”; después de que voceros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgieran al gobierno mexicano para que limiten -y de ser posible, reduzcan- la presencia del Ejército y la Marina en el combate contra el narcotráfico; después de que incluso el presidente solicitara al congreso debatir el tema, y cuatro días antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, tanto en el Senado como en San Lázaro, diputados y senadores se están pronunciando al respecto.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su coordinador de bancada, Emilio Gamboa Patrón, incluso ha pedido a la presidencia de la Cámara de senadores que se abra una periodo extraordinario de sesiones, para responder lo más prontamente a una solicitud que tardó, al parecer, diez años en hacerse. Gamboa Patrón incluso declaró que “los priistas ratifica[n su] compromiso de actualizar, a la brevedad, el marco normativo que les brinde certidumbre jurídica, fortaleza y capacidad de acción.” (Vía: Aristegui Noticias)

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Desde Acción Nacional, la apuesta es hacer pasar la petición de los mandos militares por todo el proceso burocrático: presentación de iniciativa, discusión en comisiones, etc., antes de darle un “tratamiento preferente”, aún cuando uno de los senadores de su bancada, el que fuera coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth, haya sido (junto con el líder priísta en San Lázaro, César Camacho) quien presentara un par de leyes que dejan abierto este “marco jurídico” para una larga serie de abusos de poder que, desde su promoción en comisiones, ha hecho que decenas de organizaciones civiles levantaran la voz frente a lo que consideran un intento de militarización del país. (Vía: Animal Político)

En este sentido, frente al posible tratamiento especial que pudiera tener esta legislación, casi cuarenta Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y un importante número de activistas, académicos y defensores de los derechos humanos en todo el país (Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación…), han firmado y enviado una carta al Congreso de la Unión en la que se reconoce la urgencia de un marco legal que, por fin, legisle la actuación de las fuerzas armadas (casos como Tlatlaya, Iguala, Nochixtlán y muchos otros confirman esta urgencia), pero no para darles un poder que, ya declaró su secretario general, no quieren. (Vía: Centro PRODH)

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Urgen, también, a abrir un diálogo complejo y abierto con la sociedad civil, tanto con víctimas como académicos, defensores de derechos humanos y miembros castrenses, para llegar a una legislación que, de acuerdo a lo que ya había declarado la ONU, reduzca e, incluso, elimine la presencia del ejército en las calles, imagen a la que, después de diez años de “guerra”, la sociedad mexicana se ha acostumbrado.