Ante la emergencia nacional que vivimos a causa del desastre producido por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la ciudadanía ha mostrado su inconformidad y su hartazgo contra el sistema de partidos políticos que opera en la actualidad.
La crítica de la opinión pública y la ciudadanía es muy clara y completamente legítima: los partidos reciben cuantiosas partidas presupuestales de dinero público, tanto para su operación institucional, como para cada proceso electoral, sin embargo, se percibe que esos recursos no tienen una utilidad o un beneficio concreto para la sociedad, por el contrario, son vistos como una dilapidación en beneficio de organizaciones que son visualizadas como nidos de corrupción e ineficacia política, por tanto, es necesario proponen quitarle los recursos destinados a las campañas para utilizarlo, en este caso, en las labores de apoyo y reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.
Para darnos una idea, en 2018 los partidos recibirán 11.8 mil millones de pesos para gasto corriente y de campañas de 2018, eso supera al presupuesto del Fondo para Desastres Naturales, sin tomar en cuenta los bonos catastróficos, que es de alrededor de 10 mil millones de pesos. (Vía: Animal Político)
A raíz de la coyuntura, la ciudadanía ha presionado fuertemente a los actores políticos, quienes en un principio literalmente ocultaron la cabeza ante la crisis. La presión, aunque más sustentada en elementos emocionales de la inmediatez, ha surtido efectos ya que obligó a los órganos electorales, a funcionarios y a los partidos políticos a posicionarse al respecto.
La primera reacción fue de rechazo ya que tanto el INE, como algunos diputados argumentaron que los recursos electorales están destinados para un uso específico y por tanto, si son utilizados de forma distinta puede considerarse como un delito, específicamente el de desvío de recursos; eso por supuesto resultó contraproducente ya que aumentó la inconformidad de la ciudadanía, debido a que los partidos no son precisamente, un ejemplo a seguir en términos de cumplimiento de la ley.
Sin embargo, los partidos, de manera macabra por la demagogia, dieron un giro y empezaron a hacer una puja, como si el dinero que tienen fuera de su propiedad y no dinero público. El primero de ellos fue López Obrador, quien dijo que donaría el 20% del dinero destinado para las campañas electorales del 2018 mediante un fideicomiso ciudadano; ante eso, el PRI dijo que donaría el 25% , pero el ridículo llego a tal punto que el Frente Ciudadano dijo que donaría el 100% de los recursos de campaña. (Vía: Animal Político)
Pues esa puja no es más que pura y mera demagogia, ya que están donando dinero que no existe y que no tienen, debido a que esos recursos serán entregados por el INE hasta el próximo mes de marzo. Además, ese dinero tendría que ser devuelto en primera instancia al INE, quien posteriormente lo entregaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que la dependencia lo inyecte en las instancias correspondientes, es decir, la propuesta de AMLO es doblemente demagógica ya que el dinero no es de su propiedad, por tanto no dispone libremente de este como para entregarlo a su dichoso fideicomiso externo a la “mafia del poder”. (Vía: Radio Fórmula)
De la misma forma, decimos que es demagogia de los partidos no solo porque están prometiendo donar dinero que no tienen, sino porque están desviando la atención ante el verdadero problema que es: el gasto corriente. Los recursos destinados para ese rubro, para el año que entra serán de 6 mil 978 millones de pesos para los partidos nacionales y de poco más de 5 mil millones para los estatales, esto se traduce en los más de 11 mil millones de pesos mencionados anteriormente.
En realidad, más que en el costo de los comicios electorales, el problema se encuentra en los presupuestos anuales que reciben los partidos, los cuales son excesivamente altos en relación a que, finalmente, son recursos improductivos que acaban en fondo perdido. Por tanto, el tema y la discusión debería apuntar hacia ese tema en particular, pero, el aspecto emocional de las exigencias impiden observar de manera clara el problema.
Asimismo, lo que esa dimensión emocional no logra observar son las consecuencias no deseadas o los daños colaterales de tomar una decisión de esa índole sin una discusión seria al respecto. Pensemos en que se eliminan los subsidios a los partidos, en ese escenario los partidos tendrían que buscar financiamiento por su parte, específicamente de particulares y militantes (cuotas de militancia), esto en teoría suena razonable, pero solo si dejamos de lado el contexto de nuestro país, en donde la corrupción desgraciadamente se ha vuelto un problema de dimensiones estructurales, así como el crimen organizado.
Liberalizar así como así el financiamiento de los partidos traería varios problemas asociados, ya que por ejemplo, se tendría menos control sobre la procedencia del dinero que recibirían estas organizaciones, por tanto podrían estar recibiendo recursos de procedencia ilícita, particularmente de las organizaciones criminales.
Como podemos ver, el problema no es nada sencillo y no se resuelve a partir de exigencias que si bien son legítimas, son también espontáneas, improvisadas y meramente emocionales. El tema del financiamiento público a los partidos se tiene que tratar racionalmente con el fin de reducir los daños colaterales, estamos hablando de que se necesitaría una reforma política con reglamentaciones muy claras.
Ver: El Universal, opinión: José Antonio Crespo, 19/S ¿Efectos políticos?