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La corrupción y los cárteles inmobiliarios en CDMX

Los reglamentos que regulan la construcción de inmuebles en CDMX son uno de los grandes ejemplos de que independientemente de que en nuestro país podamos tener leyes de calidad internacional, estas al final acaban siendo inútiles a causa de la corrupción, es decir, acaban siendo literalmente letra muerta. Es bien sabido que después del terremoto de 1985, se reformaron completamente los reglamentos para la construcción de edificios en la ciudad con el fin de prevenir la devastación que ese movimiento telúrico había generado, de hecho, esas normas, vigentes hasta el día de hoy son consideradas como unas de las más estrictas del mundo.

Sin embargo, de nada sirven estas leyes si a 32 años de esa tragedia seguimos ante niveles de riesgo considerablemente altos que traen consigo la incertidumbre de que en cualquier momento puede repetirse un desastre. Y ese desastre se repitió, y no, no fue en las mismas magnitudes de 1985, ni en términos de la fuerza del sismo, ni tampoco de los daños causados, pero, esta menor devastación se la debemos mucho más al azar que a lo que hayamos hecho nosotros mismos.

De hecho,  en CDMX , por encima de la ley, lo que opera es una red de corrupción y complicidad entre autoridades de distintos niveles y particulares con distintas actividades económicas. En ese sentido, tenemos personas que son dueñas de edificios de 30 o más años de antigüedad, los cuales en su tiempo fueron validados por las autoridades como seguros, pero, que nunca más hubo un seguimiento constante sobre el estado en que se encontraban esas construcciones, por lo que a largo plazo, no cumplían con los estándares establecidos por la ley.

Por otro lado, están las construcciones nuevas realizadas durante el reciente”boom” inmobiliario en CDMX.  Estas construcciones han sido controladas, literalmente, por un cártel de constructoras que acapara ese sector del mercado en la ciudad y que han operado bajo el cobijo de los gobiernos delegacionales y del de la ciudad.  

Dichas inmobiliarias han operado un sin fin de proyectos de vivienda en la ciudad, los cuales en gran medida no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por la ley. Todo esto ha sido posible gracias a la complicidad de las autoridades quienes por corrupción han permitido que las inmobiliarias y constructoras levanten inmuebles irregulares; de hecho, tal es el nivel de corrupción que la revisión de las construcciones está a cargo de una red de ingenieros y arquitectos que son pagados y, por tanto, controlados por el cartel inmobiliario.

Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tomó una muestra de 150 edificios construidos después de 2004, año de la última reforma en ese campo, observó que había un grueso de inmuebles que ni siquiera cumplían con los mínimos requerimientos de la ley, es más, ni siquiera contaban con los planos completos del edificio para poder revisarlo de manera adecuada. De los edificios que se pudieron revisar, la investigación reveló que el 71% de estos no cumplían con las normatividad técnica oficial y el resto no cumplía ni siquiera con un estándar menor.

Esto ha sucedido porque se les permitió a las constructoras e inmobiliarias operar en un contexto de evidente conflicto de interés, ya que tienen la posibilidad de elegir a su director de obra responsable, que es normalmente aquel que tiene una carga de trabajo fuerte, esto reduce las posibilidades de que las obras sean revisadas de manera minuciosa por la autoridad y que por tanto, puedan levantar inmuebles con materiales y métodos menos costosos, aumentando así su margen de utilidad, el cual se estima que ha sido de 200 mil millones de pesos en un lapso de alrededor 10 años. (Vía: Proceso)

Asimismo, obtienen los permisos de construcción en las delegaciones sin presentar los requerimientos necesarios, lo cual nos hace suponer que hay detrás actos de corrupción. También sucede que se obtienen permisos para un número determinado de pisos de altura, sin embargo, la obra es finalizada con más de los permitidos y muchas de ellas han sido vendidas en esas condiciones, ya que las autoridades pocas veces verifican las construcciones terminadas, mucho menos las autoridades especializadas en sismos.

Finalmente, hay que decir que el hecho de que el porcentaje de edificios de reciente construcción haya sido menor que los de 30 o más años no se debe a que estén mejor edificados, sino a las características del sismo. De hecho hay una explicación científica al respecto, que está relacionada a las características del sismo el cual al haber tenido el epicentro a una distancia más corta de la ciudad, no hubo espacio para que se disipara la energía de mayor frecuencia, lo que impactó a los edificios de poca altura, en cambio, el sismo del 85, el cual fue a mucho mayor distancia, sí logró disipar las ondas de mayor frecuencia e impactaron las de menor frecuencia que afectaron a los edificios de mayor altitud; esto es similar a lo que sucede con las ondas sonoras, a mayor distancia se perciben mucho más los sonidos bajos. (Vía: The New York Times)

En ese sentido, las cifras oficiales que dicen que el 90% de las construcciones derrumbadas y dañadas por el sismo eran inmuebles viejos y, por tanto asumen que el riesgo menor en las edificaciones nuevas es menor, tienen un grave sesgo, ya que como hemos visto no toman en cuenta el movimiento telúrico que sucedió en particular. Mientras no se aplique la ley de manera estricta, vamos a seguir viviendo en un alto nivel de riesgo, el cual se puede materializar en una tragedia si se presenta un sismo con ciertas características para dañar los inmuebles de construcción más reciente que tengan irregularidades, al final, tanta corrupción podría derivar en una tragedia más fuerte que la que estamos experimentando en estos momentos. (Vía: Huff Post)