En el verano del 2005 Roberto Jefferson, un diputado del Partido Laborista Brasileño, hizo público que la cúpula del Partido de los Trabajadores, el partido del presidente Lula Da Silva y Dilma Rouseff, le pagó cuatro millones de reales (cerca de veinte millones de pesos) para que apoyara la coalición en el gobierno y votara a favor de las reformas de Lula.
La confesión de Jefferson se convirtió en la punta del iceberg del más grande escándalo de corrupción y desvío de fondos de la historia brasileña. Según el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, más de 150 millones de reales fueron desviados de las arcas públicas para financiar la campaña presidencial de Lula Da Silva y compra de apoyo entre los diputados de la oposición al Partido de los Trabajadores.
Gurdel lo calificó del “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”. El acta acusatoria recopila en sus más de 44,000 hojas los siguientes delitos: formación de banda para delinquir, corrupción activa y corrupción pasiva, peculado, blanqueo de dinero, evasión de divisas y fraude.
En aquellos días, Lula salió a pedir disculpas en televisión y desarticuló a su círculo más cercano de colaboradores por ser el eje de la trama: José Dirceu, jefe del PT, fue destituido, y será juzgado junto con José Genoino, Ministro de Defensa y el publicista Marcos Valerio Fernandes, el hombre que convirtió a Lula en la nueva imagen de la izquierda sudamericana.
Luego Lula se desdijo y afirmó que todo era una trama para desprestigiarlo. Sin embargo la investigación ya estaba en curso. El juicio se ha convertido en el máximo evento político de los últimos años en el país de la samba.
Y mientras algunos brasileños dicen que se trata de un intento para desprestigiar a Lula hacia su posible próxima reelección, la mayoría de los especialistas ven en la audiencias, que serán retrasmitidas por todas las cadenas de televisión, la gran oportunidad para la política brasileña de limpiar su nombre.