El 12 de septiembre de 2014, la Policía Ministerial llegó al negocio de zumba de Filiberto “N” en Tamuín, San Luis Potosí. Las autoridades lo detuvieron por tener un arma de uso exclusivo del Ejército. En marzo de 2o15 fue encerrado en el Cefereso 14 en Durango, pero no por la portación, sino por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres mujeres, dos de ellas menores de edad. También es señalado como responsable de la muerte de otras dos.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) lo detuvo, Filiberto confesó que asesinó a Eliehoenai, Dulce, Itzel, Adriana y Rosa. Los cuerpos de todas ellas fueron encontrados en los cañaverales en la comunidad de La Fortaleza, a las afueras de Tamuín, todo ésto, de acuerdo a la información que compartió con Plumas Atómicas el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que acompaña a los familiares de las víctimas.
No hay ninguna sentencia condenatoria en contra de Filiberto. Su reclusión se debe a la prisión preventiva oficiosa.
Cinco asesinatos
Eliehoenai tenía 32 años cuando desapareció el 6 de mayo de 2014. Su padre, Guadalupe, comenzó a preocuparse cuando Eli no llegó a su hora habitual a casa. Inmediatamente Filiberto fue señalado como responsable.
Exsubteniente de la Fuerza Aérea, el presunto asesino desertó las Fuerzas Armadas en 2001, según un comunicado de la Sedena. Para el 2014, Filiberto daba clases de zumba, karate y catecismo. Eli era una de sus alumnas de danza.
Un mes antes de su desaparición, la mujer salió de su trabajo alrededor de las 19:00 horas y se encontró a su maestro, quien le ofreció darle un aventón. En lugar de llevarla a su hogar, Filiberto la llevó a su casa. Ahí, la agredió sexualmente e intentó asesinarla, pero Eli logró escapar.
“Le contó esta situación a su mamá y a su papá y su mamá y su papá insistieron en que denunciara”, relató Tábata Salas, abogada acompañando el caso. “Ella, por cuestiones de evitar ser revictimizada y sentir vergüenza ante el pueblo pequeño de Tamuín y que se supiera esto, ella no quiso denunciar”.
El cuerpo de Eli apareció el 4 de julio de 2014 tras investigaciones realizadas por los familiares ante la inacción de las autoridades. A cinco metros de la mujer, entre los cultivos de caña, encontraron el cadáver de Dulce Ximena, de 9 años. Ella era vecina de Filiberto y su desaparición fue registrada el 11 de abril de 2014.
Derivado de la declaración del ex militar, quien asegura que fue torturado para su confesión, los restos de Rosa María también fueron hallados en La Fortaleza el 23 de julio de ese año. La joven de 16 años desapareció el 29 de octubre de 2010.
Las pruebas de ADN en los restos revelaron que seis de siete de los huesos eran de Rosa María. Uno pertenece a otra persona, masculina, entre 16 y 18 años, que no ha sido identificada. Rosa presuntamente fue la primera de las cinco víctimas.
“Justo cuando encuentran ellos los huesos en 2014, ya estaban en un estado de esqueletización”, explicó Alan Piñón, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Adriana desapareció el 24 de mayo de 2011. Investigadores dieron con su cuerpo, envuelto en una colcha, el 11 de junio de ese mismo año. Esa colcha, señaló en las indagatorias la ex esposa de Filiberto, era propiedad del presunto asesino.
Finalmente, se tiene el caso de Itzel. La niña estaba a un día de cumplir los 12 años cuando desapareció en Tamuín, el 24 de enero de 2013. Iba a ser su cumpleaños y ya nunca llegó a casa. Filiberto fue señalado como el responsable de su muerte.
En ninguno de los casos, según Salas y Piñón, Filiberto enterró a sus víctimas. Aprovechó que las máquinas de cultivo voltean la tierra. Para cuando hallaron a Rosa, la tierra habría sido volteada más de 10 veces para ese día.
¿Y las indagatorias?
El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social señala que los casos deben robustecerse para que le acrediten al imputado los tres feminicidios y dos homicidios, pero las autoridades han fallado en eso por falta de interés, de capacidad, y hay varias irregularidades rodeando a las investigaciones.
Por ejemplo, en el caso de Rosa, su madre fue ante el Ministerio Público de Tamuín para denunciar. Sólo se levantó un acta circunstanciada. Salas apunta que el acta circunstanciada constituyó una violación muy grave a los derechos humanos tanto de la víctima como de la madre.
“El acta circunstanciada muchas veces es utilizado por las autoridades ministeriales mañosamente para no investigar un delito”, explicó Piñón. “Lo que hace el Ministerio Público es básicamente dejarla en el archivo para que quede constancia de algo”.
Los abogados explican que las autoridades ministeriales realizaron una inspección ocular. Nunca fue exhaustiva, agregó Piñón. Incluso, Salas apuntó que se integró a la investigación una nota en la que dijeron que regresarían en una fecha posterior al hallazgo porque había mucho lodo.
En el caso de Adriana, Filiberto interpuso en marzo de 2015 el recurso de apelación contra el auto de formal prisión y se le dictó su libertad al no poderse comprobar que él cometió el delito, aunque permanece recluido por los demás asesinatos. Sin embargo, se interpuso un amparo contra la sentencia, pues hubo una notificación ilegal y no hubo derecho de apelación por parte de la familia.
En la misma indagatoria de Adriana, encontraron varios artículos con su cuerpo. Estos eran resguardados en un juzgado en Ciudad Valles, pero se perdieron las evidencias por una inundación. Una colcha fue la única que llegó a los investigadores, pero estaba en estado de putrefacción y otras evidencias no pudieron ser examinados.
El Juez Segundo de lo Familiar en Ciudad Valles lleva hoy los cinco casos. Anteriormente, fue el mismo al que se le perdieron los objetos de Adriana.
Aunado a las acusaciones e imputaciones contra Filiberto, los abogados agregaron que tiene antecedentes de pederastia. Supuestamente abusó sexualmente de la hija de su ex esposa, pero no hubo denuncia por ese incidente. En su reclusión, también ha agredido a otros reos.
Al final, Salas y Piñón hicieron énfasis en que hay una carencia estructural en la procuración de justicia tanto en Tamuín como en San Luis Potosí. En diversas ocasiones se encontraron con justificaciones de omisiones como “no tenemos esa tecnología” y ciertos actos de incompetencia.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta el 31 de enero de 2018, se han contabilizado 96 desapariciones en San Luis Potosí. Piñón señala que las autoridades siempre deben de revisar el contexto en el cual ocurren y el hecho de no investigarlas ha llevado a la constitución de violaciones de derechos.
“La desaparición como tal no es un delito. (…) Cuando uno va a denunciar una desaparición de una persona (…), lo que dicen casi siempre las autoridades es ‘bueno, espérese 72 horas y si no se encuentra iniciamos un acta'”, explica Piñón. “Las primeras 72 horas son fundamentales para poder encontrar a una persona”.