Por cada viaje que se realiza por medio de la plataforma de Uber y Cabify, se le paga al gobierno de Ciudad de México un impuesto del 1.5% del costo total del servicio, es decir, se le está cobrando un impuesto a dichas empresas a cambio de permitirles prestar sus servicios.
Sin embargo, hasta el momento, la administración ha retenido esos recursos, los cuales deberían ser utilizados para beneficiar la movilidad y la infraestructura peatonal de la ciudad.
Según cifras de la Secretaría de Movilidad de CDMX, se han recaudado por ese concepto poco más de 180 millones de pesos y, a través de su titular, Carlos Meneses, se aseguró que se transparentaría la utilización de esos recursos, cosa que no ha sucedido, ya que después aseguraron que ese dinero se encuentra dentro de un fideicomiso privado.
Este manejo discrecional de recursos viola el convenio que obliga a los prestadores de servicio de transporte privado con chofer a pagar un impuesto del 1.5%, el cual tendría que ser depositado en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón y reinvertido en políticas públicas relacionadas a dichas áreas. Asimismo, se estableció que se crearía un Comité Técnico encargado de manejar esos recursos, cosa que tampoco sucedió.
Hasta el día de hoy esos recursos se encuentran congelados bajo el argumento de que se están evaluando los proyectos en los que se podría invertir. Por su parte, las empresas han señalado que han dado su pago al fondo de movilidad de manera puntual, solo Uber entregó 29 millones de pesos en el último trimestre del año. (Vía: Animal Político)