Sociedad civil e IP rechazan pase automático de Cervantes a la Fiscalía General

Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva formados por líderes empresariales, banqueros y representantes de la sociedad civil, presentarán una propuesta de Fiscalía General en el Ángel de la Independencia, la cual será entregada al Senado.

En términos generales, estas organizaciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil buscan que los legisladores eliminen el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, es decir quieren evitar que Raúl Cervantes sea designado en esa nueva institución prácticamente por dedazo; la propuesta en ese sentido, busca que el legislativo pase una ley en donde se construya una fiscalía autónoma que no dependa directamente del poder ejecutivo.

En ese sentido, estos grupos han informado que la propuesta que entregarán el día de hoy a la Cámara de Senadores, se incluyen las partes más sustanciales de las 9 iniciativas para reformar el artículo 102 de la constitución que se encuentran congeladas en el Senado desde hace varios meses.

Como decíamos, la parte a la que se le está dando más empuje es a la de la eliminación del pase automático del titular de la PGR, quien pasaría a ser fiscal de transición hasta el año 2022. En su lugar, se busca que el legislativo apruebe la propuesta de nombrar un fiscal cuya independencia sea comprobada a partir de un principio simple: no haber sido registrado ni haber ocupado un cargo de elección popular con por lo menos 4 años antes de su designación.

Asimismo se busca que la elección del fiscal sea abierta, es decir, que participen distintos sectores sociales con el fin de que no solo el mejor perfil sea seleccionado, sino que el que sea nombrado entre con mayor legitimidad. Lo que le preocupa a la sociedad civil y a la IP es la militancia abiertamente priista de Cervantes, en el sentido de que se presupone cierta parcialidad en términos de sus lealtades políticas.

Hay que recordar que Cervantes como priista ha litigado a favor de su partido en acusaciones sobre violaciones a las leyes electorales, asimismo ha sido criticado por no investigar de manera contundente los nexos de funcionarios mexicanos en el caso Odebrecht, específicamente a Emilio Lozoya, quien ha sido señalado de recibir 10 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con Pemex; de hecho, ambos personajes se conocieron durante la campaña de Peña Nieto en 2012 cuando formaban parte de su equipo de asesoría jurídica.

Como podemos ver, la crítica tiene que ver con que el nombramiento de Cervantes parece ser una jugada política de encubrimiento, es decir, una especie de seguro de vida que evitaría investigaciones sobre la actual administración. (Vía: Reforma)