¿Hay forma de asegurarse que las donaciones llegarán a las personas afectadas?

Sin duda los dos sismos que han azotado a nuestro país han sacado a relucir la solidaridad de la ciudadanía y gran parte de la iniciativa privada, quienes prácticamente han salido al quite y han donado cantidades masivas de artículos de primera necesidad, medicamentos, equipo de rescate y, por supuesto, dinero en efectivo. Estas donaciones han llegado a distintas instancias públicas, así como de la sociedad civil organizada o incluso a brigadas de voluntarios. Sin embargo, toda esta ayuda corre el riesgo de no llegar a su verdadero destino por la corrupción.

Así como han habido historias de solidaridad, también han habido de corrupción, las cuales no solo se reducen a autoridades de gobierno, sino también a ciudadanos de a pié o empresarios. Estos actos de corrupción van desde el acaparamiento, la reventa y el uso político de esos recursos, hasta las prácticas abusivas de alza de precios, con la finalidad de aprovecharse de la situación. Estas tipo de prácticas, latentes en todo desastre natural, aumentan su probabilidad de ocurrencia en escenarios como el que vivimos hoy en día en CDMX, Puebla Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Es decir, la probabilidad de que la ayuda no llegue donde tiene que llegar aumenta en un contexto como el que vivimos hoy, debido a la complejidad organizativa que se ha presentado, en donde no solo son las entidades gubernamentales las que se han encargado de distribuir la ayuda, también lo han hecho las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Además no existe un protocolo específico que se aplique de manera general a estos casos; vemos que el reglamento de la Ley General de Protección Civil  en su capítulo VII establece los procedimientos para distribuir los donativos, ahí en ningún momento se establecen protocolos para proteger dichos donativos.

Es más, ni siquiera prevé prácticas y, por tanto protocolos de acción y prevención contra actos como: el uso político de los recursos, reventa de productos o acaparamiento y resguardo discrecional de donativos por entidades públicas o privadas. Si bien, estas prácticas son un delito si se les sorprende haciéndolas, Protección Civil no tiene procedimientos para vigilar y evitar que esto suceda.

La sociedad en general de antemano sabe que sus donativos corren el riesgo de terminar en manos equivocadas, por eso ha promovido medidas de seguridad muy básicas para reducir la probabilidad de que se haga mal uso de ellos. Vemos que en los víveres se les ha cubierto el código de barras con tinta indeleble o escriben algún mensaje sobre el producto, sin embargo, esto muchas veces no es suficiente.

Asimismo, lo que vemos es que la sociedad civil y la ciudadanía organizada, por la desconfianza prefieren entregar las donaciones ellos mismos para evitar que sean objeto de un acto de corrupción. También, se han organizado brigadas que dan seguimiento a los víveres que están en manos de las autoridades, las cuales dan acompañamiento y registran las entregas de ayuda; de hecho, muchas de estos grupos de ciudadanos organizados han revelado varios actos de corrupción, tales como el del presidente municipal de Juchitán que fue sorprendido robándose despensas o, el el personal del gobernador Graco Ramírez quienes estaban etiquetando donativos a nombre del DIF estatal.

Hemos visto que los protocolos de resguardo de víveres donados ha ocurrido después de contingencias, es decir las acciones son reactivas y no preventivas. Es importante tener en cuenta este tipos de escenarios cuando se dona algo, es recomendable tomar medidas de seguridad y en el caso de que la ayuda sea entregada a alguna entidad gubernamental, preguntar cómo es posible corroborar que esa ayuda llegará a quien más lo necesita; esperemos que un día no tengamos que hacer esto, pero, por ahora es importante ser racionales y no totalmente emocionales.