¿Se puede echar para atrás el Brexit?

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Al parecer el referéndum llevado a cabo hace unos meses para votar la salida o permanencia del Reino unido en la Unión Europea (Brexit) no tenía el peso jurídico que se pensó. Esto debido a que el Tribunal Superior del Reino unido señaló que solo el Parlamento tiene la facultad de ratificar y activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

De manera más específica, el Tribunal Superior determinó que el ejecutivo, es decir el Primer Ministro, no tiene las facultades legales para activar el artículo 50 de la Convención de Lisboa, el cual es el que posibilita la salida voluntaria de un miembro de la Unión Europea. Esta resolución del Tribunal fue tomada a raíz de las apelaciones presentadas por algunos activistas contra el Brexit, entre los principales están la empresaria Gina Miller y el peluquero Deir Dos Santos, quienes presionaron al poder judicial bajo el argumento de que el Parlamento debería de tener mayor participación dentro del proceso de salida de la UE.

Ante esta resolución, el gobierno británico, encabezado por la primer ministra Theresa May, lanzó una apelación bajo el argumento de que por una parte el referéndum, en donde triunfó el Brexit 42% sobre la permanencia 38%, representa y expresa un mandato del pueblo hacia el gobierno, por lo que no es necesario involucrar a la Cámara de los Comunes para operar dicha voluntad. Pero, este argumento no tiene validez jurídica alguna, ya que hace poco se reveló un documento firmado por el ex primer ministro David Cameron, el cual señalaba que el referéndum tenía un carácter consultivo y no resolutivo.

Por otra parte, la primer ministra alegó que legalmente el ejecutivo tiene la facultad de tomar decisiones de política exterior, por tanto está posibilitado a activar el artículo 50 y salir completamente de la UE. Dicho argumento fue desechado por la corte debido a que las normas de adhesión de 1972 a la comunidad europea son concernientes a cuestiones de política local y no de política exterior, por lo que el parlamento estaría facultado para participar en la toma de decisión sobre la posible salida del país de la UE (Vía: The Economist).

Todas estas querellas legales están desembocando en problemas de orden constitucional muy delicados, ya que recordemos que Reino Unido opera a partir de una constitución no escrita o Common law, basado mucho más en la jurisprudencia que en las leyes escritas del derecho positivo surgido en la Europa continental. Específicamente, de la resolución del tribunal surgen problemas legales respecto el rol que debe jugar el parlamento en el Brexit, esto quiere decir que por un lado el parlamento podría tomar un papel resolutivo, esto quiere decir que podría determinar si salen o no del bloque europeo; o bien, por otro lado, tome un carácter mucho más legislativo hacia el Brexit (Vía: El País).

Asimismo, la posible participación del Parlamento no se traduce en que  el Brexit pueda ser derogado, si observamos elementos políticos podemos decir que es poco probable que las distintas facciones del Parlamento se aventuren a contradecir la voluntad popular expresada en el referéndum, esto resultaría poco rentable política y electoralmente. Lo que las cámaras parlamentarias sí podrían hacer es frenar el Brexit radical que propone el gobierno de Theresa May y, en cambio promover lo que se llama un “soft Brexit“, el cual buscaría una separación política con la burocracia de Bruselas, lo que implicaría, específicamente, la recuperación del control fronterizo; pero conservando los vínculos económicos directos con el bloque con el fin de no perder los tratados comerciales.

En síntesis, la resolución del Tribunal aumenta la contingencia política y económica en el bloque europeo, ya que da inicio a la lucha en el campo de las instituciones políticas que generará altos niveles de incertidumbre que seguramente afectarán directamente e indirectamente a las economías globales. Pero de lo que podemos estar seguros, es que la afectación será más fuerte para los países europeos inmersos en el bloque, sobre todo si empieza a tomar fuerza la visión radical promovida por el ejecutivo.

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